Arrierías 99
Mario Ramírez Monard.
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El pueblo colombiano, en medio de la desesperanza, ve con horror la gran escalada de violencia que vive en la actualidad sin que, en tantas décadas de sufrimiento, encuentre caminos reales que conduzcan a la paz, a la justicia social y hacia una vida digna.
Las causas de nuestra violencia son muchas, sobre las cuales analistas, académicos o la gente del común han tratado de explicar, justificar o callar cuando no ven salidas o por temores que la ira, el odio y la venganza obligan a su silencio, algunas veces cómplice o por ser víctimas del Estado, la sociedad o la ambición del poder y el dominio.
Colombia es un país de inmensas posibilidades de desarrollo por su riqueza natural, su posición geoestratégica y la capacidad de producir profesionales de alta calidad con una larga historia de formación e investigación. Con este potencial de posibilidades se preguntan muchos analistas internacionales el porqué de nuestra violencia si tenemos todo para ser uno de los países latinoamericanos más desarrollados en el mundo. La respuesta no es fácil. Lo cierto es que nos ha faltado dirigencia, políticos que piensen más en el bienestar de la población que en intereses personalistas o para un reducido grupo de personas que ven en nuestros impuestos, en la riqueza colectiva o de la nación la forma más expedita de enriquecerse de la noche a la mañana. En síntesis, una corrupción rampante y a la vista sin que el Estado sea capaz de contener este mal que destroza o acaba con el país.
La corrupción, esto es, el robo a todos los colombianos, genera todo tipo de violencias y en los tres poderes públicos que sustentan el organigrama de un Estado de derecho está nuestro mal determinante: burocracia, contratistas, “asesores” innecesarios, mala calidad de los elementos que utilizan como reparación en carreteras u obras públicas, robo descarado en la alimentación de los niños o su transporte rural; en medicamentos, cobros indebidos en las instituciones oficiales, evasión de impuestos, en fin, un cúmulo de delitos que el aparato estatal no judicializa o encubre. No se tiene respeto por la autoridad o la justicia. Grandes delincuentes de cuello blanco pagan sus delitos en sus casas o centro de vacaciones de las fuerzas militares, una forma repulsiva de huir de la justicia ante el acomodo de políticos, fiscales o jueces de la república.
Caótico, ¿verdad? Parecería que Colombia es un Estado fallido como lo analizan muchos internacionalistas, pero no, no somos un Estado fallido, somos un Estado pésimamente administrado por la corrupción política que ha invadido todos los espacios de la comunidad. ¿Cómo solucionar? La educación es una de las bases para empezar a solucionar el camino hacia el futuro de Colombia hacia un Estado justo, donde todos sus habitantes, sin excepción, puedan logras el fin último de la filosofía de un Estado Social de Derecho: La Dignidad.
Empezar el trabajo desde las escuelas, continuar en colegios y universidades y exigir a todos, sin excepción, que tengan un conocimiento básico de la importancia y los elementos que brinda nuestro Ordenamiento Jurídico.
Un segundo paso debe ser el fortalecimiento de la justicia, donde jueces, fiscales y operadores de la rama sean los mejores y con un presupuesto que permita y facilite el objetivo de verdadera justicia con equidad para lograrlo.
Un tercer paso, iniciar la educación desde el hogar. La familia debe ser la base educativa desde donde se impulsen los valores del respeto, la solidaridad y la heteronomía, esto es, el reconocimiento del otro.
Este es un inicio. En ediciones posteriores de Arrierías estaremos haciendo referencia a otros asuntos importantes, vitales, para logrear la Colombia feliz que todos merecemos. Entonces, SÍ Hay Soluciones.
