Arrierías 103
Mario Ramírez Monard
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En las dos anteriores columnas sobre la culpabilidad general en los problemas que afronta nuestro país, hicimos referencia al problema educativo y el ámbito de corrupción que campea y se origina en todo el aparato legislativo colombiano sin excluir, por supuesto, el ejecutivo donde llegan muchos personajillos sin la formación ética, moral, o de conocimiento sobre el país para conducirlo como presidentes, gobernadores o alcaldes. Cualquier perico de los palotes se inscribe y busca votos para llegar a esos objetivos donde manejan inmenso capital presupuestal que se pierde, en muchos casos, en la intrincada red de contratistas, sub contratistas y calanchines corruptos que alimentan la maquinaria administrativa de lo público en nuestro país.
Se han comprobado muchos casos donde los impuestos, nuestros impuestos, pagados por un pueblo empobrecido, sirven para impulsar campañas, pagar coimas, adquirir bienes de potentados para que se encubran delitos fiscales, en fin, una corruptela generalizada. En fiscalías y estrados judiciales descansan la quietud de los cementerios muchas denuncias o procesos que no culminan por exceso de trabajo acumulado de casos penales, jueces que no se atreven a fallar por presiones, desconocimiento o, simplemente, por ofertas para frenar, entorpecer los procesos por los famosos “vencimiento de términos”, por compadrazgo con los acusados, en fin, múltiples procesos que jamás terminan y que nos lleva a preguntarnos si la formación académica de las facultades de derecho es la ideal, es pésima o muy buena pero que sus egresados no aplican y caen en el prevaricato por acción u omisión, por miedo u ofertas de empleos para familiares, amantes, amigos, aparatos públicos donde reina el nepotismo.
La corrupción campea en todos los establecimientos de lo público y ese no es ningún secreto de Estado. Entramos en un espacio confuso, peligroso y, en esencia, farragoso: la corrupción. Me atrevo a decir que hay una corrupción “legal”, en cuanto es aprobada por una inmensa e innecesaria, para efectos de producción legislativa, cantidad de burócratas -en número excesivo- que solo vegetan en el congreso y en asambleas departamentales recibiendo salarios y honorarios altos e inmerecidos y que, además, aportan al erario una mínima suma con figuras que les permite esa evasión. Agregue a lo anterior los “asesores” o UTL que suman hasta 10 por cada congresista.
Se ha preguntado usted, respetable lector, ¿cuántos escoltas son pagados por nuestros impuestos para proteger presidentes, expresidentes, ministros, exministros, gobernadores y altos burócratas en el sector público?, ¿políticos y gentes del común en real riesgo de muerte? ¿y cuánto pagamos por carros blindados para el burócrata y los escoltas?
Burocracia y corrupción hacen parte de esa escuela donde todos los partidos políticos tienen su parte de la torta presupuestal que reparten entre sus allegados, amigos, familiares y desocupados que aportan votos para la continuidad de la mano negra del poder. “Colombia tiene 90 personas reconocidas oficialmente como embajadores de carrera diplomática, pero solo 26 de ellas ejercen un cargo de ese rango. Además, el país cuenta con 79 delegaciones en el exterior, de las cuales 46 son lideradas por cercanos a las fuerzas que respaldan la presidencia y generan erogaciones mensuales de 596,850 dólares mensuales”. (El Espectador domingo 2 de noviembre de 2025). Estas delegaciones son parte de esa torta del ejecutivo desde hace varias décadas.
Dirán o preguntarán algunos ingenuos ¿y dónde está la culpabilidad nuestra que somos pueblo o sociedad civil? Pues en que nosotros elegimos y damos el voto para que esa casta burocrática manejada por políticos, congresistas y gobernantes se alimenten como rémoras pegadas de la gran teta presupuestal.
Desde Arrierías impulsamos la necesidad del ejercicio democrático de elegir a quienes nos representan, supuestamente, en el ejercicio del poder como delegatarios de “nuestro mandato”. Gran mentira ese del poder delegado. Los políticos se representan así mismos y utilizan el aparato legislativo para el insulto, la afrenta, los señalamientos, la burla y, por supuesto, para ejercer su maldito “derecho” a la corrupción.
Entonces, ¿qué hacer? Pues votar a conciencia y por los más honestos. Recuerde que los partidos políticos reconocidos en Colombia, más de 30, no tienen un Idearium definido, por la derivación de los mismos hacia partiditos sin identificación propia. Otra prueba de esta inmensa amalgama politiquera es que se han inscrito, en la actualidad, un poco más de cien aspirantes a dirigir como presidentes este sainete político. Todos los días me convenzo más de una frase de mi antiguo y ya desaparecido profesor de Constitución política Gregorio Peces Barba, en la universidad Carlos III de Madrid, “amigo Ramírez, Colombia no es una democracia, es una…DEMOCRATURA”. De este comentario hecho hace 25 años en plena cátedra de Derechos Fundamentales, creo que caminamos la misma senda, o peor.
POST SCRIPTUM: La única reforma constitucional que nuestro país necesita en el momento es la que permita reducir a mínima expresión la inmensa burocracia, pues sobran cargos o corbatas, sobran departamentos y, por efecto directo, sobran asambleas, gobernadores, embajadores, cónsules y delegados diplomáticos, ministros plenipotenciarios, consejeros presidenciales y algunas superintendencias. El día que logramos liberarnos de esa inmensa carga burocrática y de la corrupción, Colombia será un país que cumple, verdaderamente, la esencia de una democracia: ¡LA DIGNIDAD!
Podemos lograrlo.
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