Arrierías 95
Mario Ramírez Monard
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Desazón, asombro e ira contenida es lo mínimo que siente el colombiano de a pie, el campesino, la clase media trabajadora ante las investigaciones que a diario aparecen en todos los medios de comunicación que desvelan los altos índices de corrupción en casi todas las instituciones reglamentadas bajo nuestro Ordenamiento Jurídico.
En nuestra edición anterior hacíamos referencia al sufrimiento de miles de colombianos desplazados en forma violenta por criminales, de izquierda, derecha o representando al Estado, que se han visto obligados a dejar su entorno, sus escasas pertenencias en los predios rurales por una guerra infame que no es, en nada ideológica, sino una lucha económica y de poder para fortalecer la explotación ilegal de recursos minerales, apropiarse de predios rurales o defender, a ultranza, la siembra, recolección, producción y contrabando de sustancias prohibidas en el ámbito internacional.
Pero esa situación tiene un componente aún más criminal e inhumano: la corrupción, esa apropiación indebida de billones de pesos de nuestros impuestos para engrosar arcas familiares, personales o para sustentar y apoyar partidos políticos que permeados por poderosas mentes criminales que han tejido una extensa red de robo al Estado, red casi que infranqueable donde plácidamente campean todas las instituciones reconocidas dentro del Estado. “Colombia es un Estado Social de Derecho…” es el encabezamiento del artículo primero de nuestra Constitución vigente y nos habla, también, de democracia, pero con la situación actual, no podemos asegurar que Colombia, nuestro bello país sea un Estado democrático, máxime que la corrupción, compra de votos, cooptación de cargos y otros delitos son la cotidianidad en los administradores públicos.
¿Qué Estado, que se llame democrático tiene tantas investigaciones en contra de congresistas, jueces, dignatarios del poder ejecutivos, UTLs, contratistas y otras yerbas del pantano acusados de robo al erario? En este aspecto, tenemos un campeonato mundial que nos avergüenza: el de la corrupción.
Día tras día aumentan las denuncias, los escándalos. El contrabando es uno de esos delitos que más golpea a un Estado pues afecta su producción, su industria, los empleos y el comercio de exportación que nos puede llevar a una vida digna, sin tanta pobreza. Los hechos últimos denunciados por medios periodísticos nos dan a conocer una red delincuencial encabezada o salvaguardada por agentes del Estado, pero con investigaciones torpedeadas por los mismos poderes públicos y entes de investigación.
En medio de tanta riqueza hídrica, de recursos naturales, de posición geoestratégica y de una mayoría poblacional trabajadora y decente una minoría politiquera y corrupta nos lleva como manada hacia el abismo. Duele, nos duele mucho Colombia.
