PARADOJAS

Arrierías 106

Mario Ramírez Monard

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Colombia es un país de contradicciones extremas. Iniciando el mes de enero, circuló por redes internacionales un video describiendo su naturaleza y riqueza geoestratégica, sus suelos variados y productivos con grandes reservas de minerales; en fin, una muestra de por qué debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a este maravilloso marco geográfico mundial.

Desde la revista ARRIERÍAS y en el marco de nuestra función académica universitaria, siempre hemos resaltado nuestras virtudes y el gran futuro de Colombia, pero, ¿por qué la pobreza y miseria de la mayor parte del pueblo colombiano? Si todo lo podemos tener para alcanzar la vida digna, como bien lo expresa nuestro Orden Constitucional, ¿por qué la violencia? Es un sinsentido, contradice la lógica, y esta es la primera paradoja: saber que podemos ser ricos o vivir dignamente y, sin embargo, más de 20 millones de personas, casi la tercera parte de nuestra población, se acuestan con hambre en medio de campos de gran riqueza agrícola con la cual podemos tener comida en abundancia y exportar los excedentes.

Colombia es, en América Latina, uno de los países que estableció desde 1991 una Constitución política de las más adelantadas en el ámbito regional, con exigencias de protección y cumplimiento de los derechos fundamentales más importantes en el mundo actual; con mecanismos de protección de esos derechos que, a lectura rápida de un constitucionalista, un ciudadano del común, un académico, humanistas o sociólogos de países donde el culto a la libertad es la verdadera esencia de sus democracias, llevan a pensar que somos es una verdadera democracia, pero…, ¿lo es? He aquí la paradoja, no es una democracia en ejercicio; lo es en los textos, pero no en la práctica cotidiana del vivir de los habitantes de este país maravilloso.

En este punto podemos centrarnos en el derecho fundamental más importante del ser humano, el único derecho que no tiene límites: el derecho a la VIDA. El artículo 11 CN dice que el derecho a la vida es inviolable; sin embargo, la tasa de homicidios por política, violencia estatal, por atracos o delitos económicos, más las inmensas masacres de criminales agrupados y nominados con títulos de guerrilleros o autodefensas, tienen asolado y arrinconado a nuestro país; especialmente ejercen su poder criminal en ricas regiones rurales donde viven campesinos honrados y de trabajo arduo. Los desplazan, violan sus hijas y/o secuestran a los niños con edades de iniciar su vida escolar, especialmente de comunidades negras e indígenas, y a eso le llaman autodefensa o revolución. Criminales es que son.

Toda la población utiliza una frase que es constante cuando se trata de exigir, reclamar o protestar por un derecho determinado. “Estamos exigiendo nuestros derechos, los que nos da la democracia, nuestra Constitución” y se toman vías, retienen o secuestran a quienes faculta legalmente nuestro país para proteger los derechos de toda la ciudadanía sin exclusión alguna. Estos hechos de protesta que usualmente llevan al accionar violento de los participantes o extremistas colados se convierten en violaciones de derechos que tienen otros sectores de la población.

Hay un principio general dentro de la filosofía de los Derechos Humanos (DDHH) o del Derecho Internacional Humanitario (DIH): Todo DERECHO implica UN DEBER, esto es, en mi exigencia del cumplimiento de un derecho fundamental conculcado, no se me permite violentar los derechos fundamentales de los demás. Cuando la ciudadanía bloquea una vía por horas indeterminadas, está violentando el derecho a la movilidad, a la salud, a la educación escolar, en fin, a otros derechos vitales, esenciales o fundamentales de otros ciudadanos.

Pequeñas comunidades indígenas, de las negritudes, transportistas o afectados por la impostura o mala administración de un funcionario público, salen, en su protesta, a paralizar el país, su economía por importaciones o exportaciones –para citar el caso más recurrente, el del puerto de Buenaventura–; o salen caravanas inmensas de lejanas regiones compuestas por familias indígenas a la capital colombiana o a capitales regionales, manipulando niños, mujeres y ancianos, violentando claramente el artículo 37 CN: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

POST SCRIPTUM: En forma, por demás, perversa y oportunista, muchos políticos se han apropiado del término PUEBLO que claramente aparece en el Preámbulo de nuestro Ordenamiento Constitucional, que habla de la unidad de la NACIÓN, la convivencia y la justicia, la igualdad y la libertad. Para esos oportunistas, pueblo es la pobreza, los desamparados, los sin empleo, los explotados; en fin, arengas populistas que conducen, básicamente, al desorden, la polarización y la violencia. Pueblo somos todos los colombianos. Otra cosa es que, en aras del poder absoluto o por la injusticia de todo orden, se violenten los Derechos Fundamentales de gran parte de los colombianos, olvidando que la esencia de nuestro Orden Jurídico establece LA DIGNIDAD como la esencia, el camino que se debe seguir para lograr los valores enunciados a comienzo de este párrafo. No olvidemos que LA DIGNIDAD es el derecho a tener derechos.

CONTINUARÁ…