Arrierías 96
Mario Ramírez Monard
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Nuestro Ordenamiento Jurídico establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, término que implica obligaciones establecidas por la ley en el mismo proceso de aplicación del principio constitucional, pero ¿realmente se cumple la obligación? La respuesta es determinante: NO, pues luego de más más de tres décadas de vigencia de la Constitución, la violación de principios, valores supremos como la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos sólo está en el papel, en el imaginario popular, en la norma que no se aplica, en lo que debe ser, pero no es.
En este escrito vamos a analizar uno de los derechos más importantes, la salud, que ha llegado a extremos críticos por la corrupción rampante que campea en todos los ámbitos de la vida nacional y que es más evidente, más flagrante en la vida de los colombianos. Decenas de miles de ciudadanos clamando ante las EPS por lograr una cita médica o la entrega de medicamentos formulados que no se dan por “no haber llegado”, “sólo podemos entregar algo”, “queda pendiente”, en fin, disculpas que tienen que afrontar los empleados, los de abajo pero que no enfrentan los dirigentes o los máximos beneficiados económicos de las empresas prestadoras del servicio que manejan billones de pesos pero que son ineficaces y direccionan parte del presupuesto a pagos de altos honorarios directivos o a la compra de centros de paseo y diversión como ocurrió ya hace algunos años, situación que escandalizó a Colombia.
Es infame ver a tantas personas en casi todas las ciudades del país haciendo largas filas, a la intemperie, esperando en condiciones infrahumanas la prestación del servicio mientras políticos dueños o con poder en esas empresas de salud se rasgan las vestiduras en las “agobiantes” sesiones del pernicioso e inservible Congreso de la República. Se ha comprobado que desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hay “servidores públicos” que manejan contratistas, negocian con multinacionales farmacéuticas o reciben coimas destinadas a sustentar campañas políticas en su dominio eterno del poder. En esta situación, podemos decir que son pocos los partidos políticos que no están untados de la corrupción que se ha generalizado en la salud, o que ubican en puestos claves a sus fichas donde repiten el saqueo al erario público, acciones delictivas que se evidencian en otras instituciones como Invías, carro tanques, la alimentación o el transporte de los niños en el sector rural o directorios politiqueros donde los dueños del poder en el momento reparten notarías, puestos envidiables en la aduana para proteger el contrabando o nombran a sus obsecuentes pillos en puestos en el servicio exterior.
Desde hace varios lustros, desde el poder, Colombia ha sido saqueada. En el caso de la salud, no sólo hay infamia sino, también, un crimen de lesa humanidad púes la no entrega de medicamentos o la no prestación o alargue de un servicio lleva a muchos pacientes hacia la muerte. No sólo son corruptos, son criminales y, sin embargo, continúan manejando el país a su albedrío.
El derecho a la vida es un derecho fundamental que no tiene límites, entonces, cuando todos estos corruptos, bandidos o criminales atentan contra la salud, esto es la vida de un ser humano, están cometiendo un crimen de lesa humanidad. En esto, no hay discusión.
