Arrierías 107
José Emilio Yepes
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A finales del mes pasado empezó a llegarles a los agricultores del país, el nuevo avalúo catastral de los predios rurales con la respectiva implementación del impuesto predial que cobran las alcaldías.
Oh, sorpresa cuando empezaron a expedirse los documentos de pago con tarifas asombrosamente altas. Sin importar la compleja y difícil situación que viven los que dependen del sector agrícola, el gobierno nacional, a través del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, actualizó el avalúo catastral de todas las fincas de nuestro país sin esforzarse en verificar la realidad física de los bienes rurales, sino que, aplicando fórmulas y estimaciones de valores comerciales, realizó un ejercicio matemático meramente especulativo que reflejó un aumento hasta del MIL POR CIENTO (1.000%) del avalúo catastral.
Esto ha llevado a que los campesinos del país les soliciten a las alcaldías municipales, a los concejales municipales y a los funcionarios públicos que representan a la ciudadanía en general, que ayuden a elevar el reclamo del desconcertante e injusto ajuste, por lo oneroso del pago de impuestos en el sector agrícola.
Argumenta el gobierno nacional en la aplicación de la ley 14 de 1983 y ley 44 de 1990, donde se establece que el avalúo no puede ser inferior al 60% del valor comercial ni superior a este valor y, de manera particular en este gobierno, con la implementación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que justifica una actualización masiva de los valores catastrales de las zonas rurales.
Pero, ¿qué justifica que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi haga su valoración sin las visitas correspondientes a los predios para que determine, sobre el terreno, la realidad física de cada predio y decidan de manera irresponsable elaborarlo desde un escritorio en Bogotá?
El sector agrícola de nuestro país atraviesa una muy compleja situación de sostenibilidad derivada de la suma de múltiples factores, a saber:
– Baja rentabilidad de la mayoría de renglones agrícolas por el bajo costo en la venta de los productos agrícolas y altos costos de producción.
– Crisis de productividad por el cambio climático.
– Aumento de plagas y enfermedades y su costoso control.
– Aumento de la inseguridad rural.
– Aumento año tras año de las cargas tributarias.
Estos son, entre muchos otros factores, los que amenazan la permanencia de las familias en el campo y la sostenibilidad familiar; motivos que, junto al cobro que hoy se nos hace del predial con un aumento inaudito, puede convertirse en el florero de Llorente para que se geste un inimaginable estallido social agrario.
Recordemos que motivos similares incubaron el estallido social francés (RF), el movimiento comunero colombiano a finales del siglo XVIII y la revolución de las colonias inglesas en contra del imperio inglés en Norteamérica del 1776.
No me quiero imaginar qué le va a pasar a nuestro país si a finales de este año y a principios del próximo el reajuste se hace en los predios urbanos por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Dios se ampare de Colombia y sus agricultores.
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