Arrierías 107
Mario Ramírez Monard
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Los artículos 43 – 44 y 45 de nuestro ordenamiento jurídico se refieren explícitamente a los derechos de la mujer, de los niños y de la familia, y es imperante, determinante la parte final del 44 cuando específicamente establece que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. En la letra, todo bien, somos ejemplo para quienes no conocen la realidad de Colombia, donde las mujeres y, especialmente los niños, son objeto constante de violaciones, maltratos y ataques sexuales permanentes.
En la plataforma de Netflix apareció la real historia de un violador profesional, el caso Epstein, donde se narra las acciones delincuenciales de este sujeto de origen norteamericano, inmensamente millonario y con una relación de poder asombrosa con políticos, presidentes, casas palaciegas, muchas yerbas del pantano y otros multimillonarios identificados como violadores de niñas y adolescentes. Hasta un político colombiano aparece como parte de ese entramado delincuencial mundial. Una vergüenza.
“En Colombia el abuso sexual es frecuente, la mayoría de las veces ejercido por padre o padrastro y con una impunidad del 90%. Lamentablemente, en nuestro país las víctimas no tienen ayuda de nadie, quedan marcadas para siempre y a los agresores no hay nadie que los haga pagar. Muy difícil la situación”, plantea una reconocida sicóloga de la ciudad de Cali, quien ha tenido que enfrentar muchos casos al respecto.
La historia de violaciones en Colombia en contra de mujeres y niños es centenaria. No es sino revisar expedientes criminales de actores de la guerra para asegurar que los sufrimientos, y traumas de los afectados se han convertido en crímenes que se ocultan, se tapan o se eluden por parte de gobernantes, jueces y dueños del poder.
La violencia política entre liberales y conservadores estuvo llena de esas agresiones. Se afectó a las familias agrediendo sexualmente a sus niñas; los grupos guerrilleros se nutren de jóvenes -generalmente la población más pobre, más vulnerable-, los secuestran, los meten a la guerra y las niñas les sirve a sus dirigentes como objetos sexuales. Hace pocos años se conoció la historia de un bandido paramilitar que dominaba la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta y estableció la obligación, so pena de muerte, de que los padres de familia permitieran el acceso carnal de sus hijas.
La misoginia que manejan altos “jerarcas” políticos en Colombia es otro de los crímenes frecuentes que es necesario visualizar, denunciar y castigar. Cualquier sujeto, con poderío económico o de las esferas de poder, que discrimine o violente niños y mujeres debe ser detenido, juzgado y condenado a penas altas, las máximas del código penal, para castigar sus crímenes de lesa humanidad, penas que debe pagar en prisiones donde se encuentran los más peligrosos delincuentes del país. Se deben eliminar, inmediatamente, las penas de estas violaciones que establecieron la mal llamada “casa por cárcel”.
En estos casos de violencia contra mujeres y niños se entendería el establecimiento de penas con trabajos forzados. Es una posibilidad.
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