Editorial Arrierías 85
Mario Ramírez Monard
Una gran sombra de preocupación económica llega al pueblo colombiano a través de informes del gobierno y de los medios de comunicación. Colombia al borde de una gran crisis que la ha llevado a plantear al Fondo Monetario Internacional una prórroga o pacto de pago a la inmensa deuda internacional que viene arrastrando desde hace décadas. Miles de millones de dólares que debemos cancelar y nuestra pobreza, la corrupción y la enorme burocracia oficial impiden el cumplimiento de nuestros compromisos nacionales e internacionales.
¿Cuáles son las medidas que deben tomarse ante la inminente avanzada sin control de esa crisis que, es de elemental entender, profundizará los grandes problemas sociales de hambre que vive el pueblo colombiano? La corrupción y la inmensa burocracia que se traga todo el presupuesto nacional deben ser el objetivo inmediato del Estado en su análisis de las causas de la preocupante situación.
Colombia no es un país pobre. Sus inmensos recursos naturales, su envidiable posición geoestratégica y la capacidad de resiliencia de sus habitantes posibilitan acciones para mejorar las condiciones de vida mediante políticas económicas y sociales de ajuste al gasto generado por las mismas instituciones del Estado. Billones de pesos se pierden en ese laberinto escabroso de la corrupción, corrupción que viene desde la política partidista ideada o liderada desde el Congreso de la República en forma directa o a través de contratistas y con la complicidad comprobada, por acción u omisión, de la justicia y de los mismos entes de control.
Urge una reforma constitucional. El país debe cambiar para bien, para reestructurar el Estado y lograr rebajar costos de administración al máximo. No es una reforma partidista ideada por los poderosos, por los clanes políticos para perpetuarse en el poder ni para escabullir la ley de favorecimiento a sus acciones delictivas. Los gastos de nuestra casa tenemos que ajustarlos, entonces, es preciso:
- Reformar el Congreso. Debe haber sólo un organismo para elaboración y aprobación de leyes, en este caso el Senado con no más de 100 legisladores que tengan una alta formación académica y sobre quienes no debe haber la más mínima sospecha de corrupción.
- La Cámara de Representantes debe ser un organismo regional y no nacional.
- Desaparecer las inútiles Asambleas departamentales.
- El país debe dividirse en subregiones, máximo 6. Cada región con su Cámara de Representantes elegidos por voto popular.
- Las gobernaciones se reducirían de 32 a máximo 6. En este sentido, desaparecen tantas secretarías departamentales y la inmensa burocracia que la división política actual arrastra.
- Desaparecer las famosas UTL, antros de corrupción donde generalmente llegan amiguitos, amantes o incapaces que reparten sus mesadas con otros politiqueros.
- Los sueldos de Senadores y Representantes regionales deben ser rebajados, como mínimo en un 40%
Esta urgente reforma conllevaría una reglamentación específica.
Conclusión: ante el amago de crisis presupuestal, debe imperar un ajuste en gastos, burocracia y, sobre todo, cárcel sin beneficios para bandidos que asalten o roben nuestro presupuesto.
Escuchamos propuestas.
