Arrierías 109
Mario Ramírez Monard
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Nuestro país está caminando por un sendero bastante peligroso de conflicto social que puede, fácilmente, desencadenar una verdadera guerra civil. No son solo los grandes actos de corrupción los que están llevando al país a una quiebra inminente sino los actos que paralizan al país bajo el marco del Derecho a la Protesta Social.
El artículo 37 de nuestro Ordenamiento Jurídico garantiza un derecho que establece el Título II DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
Se dice que Colombia es un Estado Social de Derecho, esto es, que se define como un modelo de organización política en el que predomina el sometimiento a la ley, al derecho, pero cuando vemos la situación de zozobra social que vivimos en cuanto que no se aplica en forma correcta uno de sus pilares, esto es, El Imperio de la Ley, debemos decir que la esencia que define un Estado moderno es débil, no se aplica o se utiliza a favor de una élite, una minoría o un partido político predominante en el poder.
El derecho a la protesta, como derecho fundamental, está en nuestro Ordenamiento, pero muchas personas desconocen que todo derecho fundamental tiene límites que están determinados por los códigos que se aplican según la Constitución. Es preciso aclarar que el único derecho que no tiene límites es el Derecho a la Vida, a la Integridad Física.
Por efectos de malas políticas públicas, promesas de campañas incumplidas o abusos del poder, los colombianos hacen uso legítimo de ese derecho, pero, también es cierto, abusan de su aplicación cuando, en forma violenta, obstaculizan la aplicación de la ley impidiendo el derecho de los demás habitantes a la movilidad y afectando peligrosamente el desarrollo económico del Estado.
Miles de millones de pesos se perdieron en los movimientos de protesta del mes de abril y se puso en riesgo el trabajo de muchos colombianos. En Bogotá, por ejemplo, los taxistas impidieron el acceso a quienes llegaban a tomar vuelos o quienes llegaban del exterior, o en vuelos nacionales, Deprimente ver cientos de personas arrastrando sus maletas en el principal aeropuerto de nuestro país, hecho que se repetía en Bucaramanga.
El Estado tiene que intervenir, severamente, ante estos hechos que violan la esencia de los derechos fundamentales de los demás. Los “protestas” son frecuentes en el acceso o salida del puerto de Buenaventura frenando la comercialización de productos vitales para la economía nacional; situación frecuente que se da con comunidades indígenas y negras por el incumplimiento a promesas de campaña o por la perversa utilización política que se hace con los grupos sociales más vulnerables de Colombia.
La violencia ejercida por fuerzas armadas ilegales y el desplazamiento de millones de seres humanos humildes sacados a la fuerza de sus localidades o huyendo para salvar vidas abandonando sus pocos bienes, es una situación constante ante la presencia de las fuerzas armadas del Estado que se ven detenidas en su accionar por la instrumentalización de los mismos afectados por ese accionar violento.
El caos que sufrimos es culpa de todos, de quienes abusan del derecho, de los políticos que originan el caos por sus constantes incumplimientos con las comunidades y de un Estado que incumple, también, las obligaciones que ordena nuestra Constitución.
Colombia podría ser un país tranquilo, competitivo, rico y ordenado pero sus dirigentes, de verdad, son ineptos, dan ganas de llorar; violencia, corrupción y una inmensa burocracia son la causa de esta Colombia caótica.
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