Si se consideran en su conjunto las condiciones sociales y políticas de Colombia, tan alejadas de las formas más elementales de un sistema democrático, el triunfo de Petro constituye un acontecimiento sin precedente en un país en el cual nunca una formación política de izquierda (ni siquiera de centro) ha conseguido ganar las elecciones y en el cual se asesina sistemáticamente a toda persona o grupo que real o potencialmente puede poner en riesgo el orden existente. La profunda crisis del orden social colombiano –seguramente intensificada por el colapso del actual sistema neoliberal- explicaría que una formación de centro-izquierda como el Pacto Histórico consiga hacerse con la presidencia y tener en el parlamento la mayor representación popular que se registre en su historia. En este contexto debería hacerse la lectura no solo de la moderación del programa de Petro sino de sus alianzas que incluyen variadas manifestaciones de la izquierda tradicional, movimientos populares bastante significativos y sectores de centro en los que se distinguen personalidades que hasta ayer formaban parte de la llamada “clase política” tradicional. Ayer mismo el partido liberal, por boca de su máximo dirigente, ha decidido apoyar ese programa moderado de Petro y aceptar su llamamiento a una suerte de gran alianza nacional para el cambio. Con este, y otros apoyos similares, se garantiza una correlación de fuerzas favorable en el parlamento y la posibilidad de impulsar leyes que, en lo fundamental, modernizan e impulsan la democratización del orden social del país: una reforma agraria tantas veces prometida y siempre frustrada, un cambio radical del sistema político tan primitivo y violento, el impulso de un nuevo modelo económico que permita recuperar el mercado interno y apueste por poner en práctica las recomendaciones científicas destinadas a proteger la naturaleza, una política exterior realmente independiente que haga posible el ejercicio real  de la soberanía nacional, medidas que en su conjunto materializan el “vivir sabroso” –una de las consignas centrales del Pacto Histórico- que no significa más que alcanzar la paz y la convivencia en la comunidad nacional, algo tan elemental como ausente del actual orden de cosas en este país andino.

Petro tiene que asegurar sobre todo un acuerdo con dos factores centrales del poder real en el país: las fuerzas armadas (militares y policías) y el gran capital (nacional y extranjero) pues tener simplemente el gobierno no es garantía suficiente. En términos generales conseguir un acuerdo con los cuarteles garantiza poder llevar a cabo el nunca cumplido acuerdo de paz con las FARC, y hacer lo propio con los grupos que persisten en la acción bélica (en especial el ELN que ya ha manifestado su disposición al diálogo). Sin embargo, devolver la tierra a los campesinos y modernizar el agro encontrará la oposición de los gremios del capital rural, tanto de los modernos (grandes compañías nacionales y extranjeras) como de los tradicionales de la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras. Esta oposición no será solo política sino también armada –como hasta ahora- haciendo del apoyo de militares y policías al nuevo gobierno una cuestión clave. En realidad, militares y policías tienen recursos suficientes para neutralizar las acciones violentas que busquen impedir la reforma agraria. Petro tiene que conseguir ese apoyo sin el cual será muy difícil pacificar las zonas rurales. Sucede lo mismo en relación a las medidas que busquen superar la inseguridad en los centros urbanos. Si se tiene una  mayoría holgada en el poder legislativo y el apoyo sincero de los cuarteles es realista pensar que el nuevo gobierno, puede impulsar reformas substanciales del poder judicial y del  Estado en su conjunto. Más complicado será gestionar la oposición del gran capital local e internacional que constituye la base misma del actual modelo económico y que financia y sustenta las fuerzas políticas tradicionales.  Este reto es decisivo e impone al nuevo gobierno no solo asegurarse apoyos institucionales suficientes sino sobre todo el respaldo amplio de los sectores populares. Petro tendrá que negociar sus medidas acogiéndose a la real correlación de fuerzas que se genere, es decir, obrar sin precipitarse pero sin renunciar a los avances posibles. Por ejemplo, las medidas centrales para conseguir financiar su programa de gobierno suponen una reforma radical del sistema impositivo, simplemente aplicando el principio de universal validez según el cual “quien más gana, más paga”, con todas las matizaciones que exigen siempre la realidad. Se trata igualmente de combatir a fondo la actual corrupción en la administración de los dineros públicos, que entre otras cosas constituye el sustento principal de los políticos tradicionales. El fortalecimiento del sector público de la economía buscando alcanzar un rol decisivo en los resortes principales del tejido económico daría al nuevo gobierno posibilidades enormes para comenzar a desmantelar el actual orden neoliberal y echar las bases de un orden nuevo, uno que permita a Colombia entrar de lleno en la modernidad y hacer efectivo el ejercicio de la soberanía.

Petro puede alcanzar una alianza con muchos sectores de la producción nacional, en particular con aquellos más afectados por las políticas neoliberales del libre cambio (la “apertura”). Se trata de empresas –sobre todo medianas y pequeñas- que tienen como objetivo principal el mercado local. Nada de esto excluye por supuesto el impulso de las exportaciones, siempre y cuando se respeten ciertos equilibrios y sobre todo se supere la actual condición de simples exportadores de materias primas sin elaborar y de mercancías de escaso valor agregado. En esta perspectiva el nuevo gobierno debe apostar con audacia por la integración regional no menos que por la multiplicación y diversificación de las relaciones  exteriores del país, en particular con las nuevas potencias del mercado mundial (China, sobre todo). Una política de proteccionismo en las actuales condiciones resulta un objetivo al que no se puede renunciar y que en manera alguna es incompatible con la meta de alcanzar  para el país un rol diferente en el tejido económico y político mundial. Si los países centrales del sistema mundo practican el proteccionismo resulta obvio que los países de economías modestas deben hacer lo propio.

La manipulación de los medios de prensa (todos en manos del gran capital nacional y extranjero) así como las campañas de intoxicación contra el nuevo gobierno se pueden neutralizar y resultan inútiles cuando se cuenta con una ciudadanía suficientemente informada y sobre todo con un nivel de consciencia política suficiente. En el caso de Colombia (y de otros países del área) este instrumento del gran capital no pudo evitar el triunfo popular; sin embargo, será un arma permanente de los sectores económicos y sociales que conspiran contra el cambio. Basta echar una ojeada rápida a los medios de comunicación de este país  (con contadas excepciones) para constatar cómo mantienen sus ataques al Pacto Histórico y demonizan sus anunciadas reformas luego del triunfo en las urnas sobre la derecha  tradicional. Son un arma envenenadora de la opinión pública que se va a intensificar en el futuro y que es necesario neutralizar mediante el contacto permanente con las bases sociales del proyecto de Petro; la izquierda debe llegar hasta el rincón más remoto del país y movilizar a la población en defensa de un proyecto de reformas que podría abrir nuevos horizontes a esta y a las futuras generaciones.   

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