Arrierías 107
Clarena Vergara Hoyos
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El día que fui a hacer una rotación en el Hospital Psiquiátrico de Cali, estando en séptimo semestre de psicología, me encontré a una psicóloga hospitalizada por estrés laboral.
Ese día me comprometí conmigo misma a no llegar a ese sitio en calidad de paciente; me propuse solo trabajar 6 horas diarias, a pesar de saber lo que eso significaba para mi economía.
La salud mental de los trabajadores de la salud en Colombia ha evidenciado altas tasas de trastornos mentales; tras la pandemia, hubo mediciones que incluyeron ansiedad, estrés postraumático, insomnio, depresión y síndrome de Burnout (síndrome del quemado) en esta población.
La Ley 2460 de 2025 fortalece el marco legal para el cuidado de la salud del personal de salud y obliga a las instituciones a prevenir riesgos psicosociales y proteger su bienestar integral.
Sin embargo, la carga laboral excesiva, los turnos largos, el acoso laboral, la falta de apoyo directivo, la falta de pago o de pagos adecuados son los principales factores de riesgo que afectan su salud emocional (OMS 2024). Durante la pandemia se prometieron intervenciones y ayudas que llegaron a muy pocos trabajadores de la salud, quienes entregaron su vida y su salud mental a su labor. Precisamente este mes inauguraron un monumento en honor al personal de salud que falleció en pandemia.
Umbral, monumento dedicado a los 460 héroes de la salud en Bogotá
Compartiré algunos episodios de estrés que afectaron mi salud mental, sin que el sistema me ofreciera alternativas de intervención para disminuir sus efectos; escogí algunos relacionados con el abuso sexual, tema de moda hoy en día por el famoso caso Epstein.
Durante 33 años en mi labor como psicóloga atendí muchos casos de abusos sexuales. En una ocasión, fui citada como testigo, en un juicio por abuso sexual a una menor, en el cual di mi declaración frente al victimario.
El juez me presentó con mi nombre, cargo y empresa donde trabajaba; supongo que estaban en la sala familiares o amigos del acusado.
Me aterró pensar que, si el acusado salía libre, el señor, sabía dónde ubicarme. No dormí algunos días, pensando en el riesgo que se asume al dejar consignado el relato de una víctima. Al fin lo declararon culpable. Todo esto sería muy positivo, excepto porque todo sucedió 15 años después de haber atendido a la niña, que ya era adulta y tenía hijos. Menos mal soy detallista en mis historias clínicas y ese informe fue suficiente para dar cuenta de la implicación del agresor.
La fiscal me comentó que es raro que un profesional haga una historia completa; temen las consecuencias. Después de ese manejo judicial que viví como una situación de riesgo, tuve mucho temor, no obstante, y como parte de mi ética profesional, no dejé de hacer mis historias detalladas, que es la responsabilidad de los profesionales de la salud.
Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, el 96% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes quedan impunes. La niñez enfrenta así una doble vulneración a sus derechos: primero, el abuso; luego, la ausencia de justicia.
En Colombia el abuso sexual es muy frecuente, el año pasado hubo 31.454 denuncias entre enero y noviembre, y en un 90 % es ejercido por padre o padrastro. Lamentablemente, en Colombia las víctimas no tienen ayuda de nadie. Quedan marcadas y los agresores deambulan sin nadie que los haga pagar. Muy difícil la situación.
Otro caso que atendí y recuerdo por su crueldad, fue uno perpetrado por un grupo paramilitar; era una mujer a la que le habían asesinado al esposo y luego llegaron a abusarla entre varios hombres y la apuñalaron frente a su hijo. La mujer no quiso continuar el proceso, pues cambiaba permanentemente de domicilio. Ese tipo de historias no se olvidan.
Hubo otros casos de delitos sexuales ejercidos por maestros, pastores, sacerdotes, en fin, un sinfín de historias que ayudé a elaborar.
Los psicólogos escuchamos, acompañamos, apoyamos y guardamos secretos. Una labor que implica cargar con las historias de la guerra y de las desigualdades sociales, historias de impotencia, de familias que luchan ante un estado y un sistema judicial corrupto en el que no se ejerce justicia a menos que se pase dinero o se tengan palancas.
Recuerdo una chica abusada por el hijo de una juez. No hubo poder humano para que la ley funcionara en contra de ese agresor. Todos confabulados.
Entender que la maldad contamina a unos y a otros fue parte del aprendizaje; ya que, a partir del acto violento, el familiar de la víctima termina maquinando cómo ejercer justicia por mano propia. La labor del psicólogo debe en ocasiones llegar hasta a desarmar almas atormentadas por la ineficacia judicial.
Ver pasar tranquilos a los agresores, padres que siguen visitando a sus hijos abusados por ellos, por las necesidades económicas, pastores y sacerdotes que cambian de iglesia, agresores con armas que siguen dominando las zonas donde residen sus víctimas, genera una sensación de impotencia difícil de manejar, sin que nadie pueda hacer nada.
En algunas ocasiones recibí amenazas de pacientes o familiares y temí por mi bienestar. Estas consecuencias no se pueden establecer como «accidente laboral» a menos que realmente generen una agresión física.
Durante la pandemia tuve que trabajar presencialmente en la clínica todo el tiempo. Era una situación de estrés permanente, cuando llegaba algún paciente diciendo que no se había podido comunicar telefónicamente y sospechaba que tenía COVID. Visité al psiquiatra, pues empecé a tener insomnio, ansiedad para ir a trabajar, ya que mi labor consistía en atender telefónicamente a personas muy angustiadas o que habían perdido familiares, teniendo un panorama de incertidumbre. Escuchar una y otra vez esa historia de culpa por haberse reunido en familia, por haber ido a una fiesta, por haber visitado a la abuelita me generó mucha tristeza.
Para proteger a mi familia, decidí distanciarme de mi esposo y mis familiares y así evitar contagiarlos. Las acciones preventivas requerían usar gel líquido permanentemente, lavarse las manos, usar tapabocas y elementos de protección, lavar la ropa que traía de la clínica, aislarme prácticamente, mientras llegaban las vacunas.
Igualmente, en esa época ocurrió el «estallido social» en Cali; iba a la clínica esquivando barricadas de muchachos que en cualquier momento podrían ser hostiles; había además que conseguir la comida que escaseaba y ver cómo se destruían muchas zonas de la ciudad por el conflicto.
Consulté también al médico laboral, diagnosticó un trastorno adaptativo.
EI caso pasó de medicina laboral a la junta nacional, donde dijeron que era una reacción adaptativa que no tenía que ver con mi labor. Fin del caso.
Continué laborando durante toda la pandemia, escuchando a cientos de personas que habían perdido a sus familiares a causa del covid y viendo las graves consecuencias para el mundo entero, que quedaron como parte de mi experiencia y del anecdotario laboral.
En algunos países, la jubilación del personal de salud mental se da a los quince años de ejercicio profesional y eso que son países sin tantos conflictos como Colombia.
En este país nos toca laborar como mínimo 30 años para salir con una pensión un poco mayor del actual salario mínimo.
Una labor poco reconocida. Un médico atiende, formula, opera, pero no pregunta a profundidad qué sucedió. No carga con el peso de las palabras, de la historia, de la narración dolorosa, de los recuerdos.
Incluso muchas veces ni el psiquiatra alcanza a hacer una escucha terapéutica, nuestro sistema de salud no permite esto. Si está de buenas, el especialista lo atenderá cada cuatro meses por 15 minutos.
Es el psicólogo o el trabajador social, quienes escuchan y acompañan.
Una labor poco reconocida pero fundamental, para apoyar a quienes sufren por la barbarie humana y por la indolencia estatal de nuestro país.
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