La verdadera historia de la catástrofe indígena ocasionada por las manos de Sebastián de Belalcázar y sus huestes en el valle alto y medio del río Cauca en el siglo XVI.
I parte.
Arrierías 115
Rafa Davidzen
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Resumen
En varios de mis artículos anteriores, divulgados en la revista digital Arrierías, me referí a la violencia de los castellanos durante sus incursiones en los territorios de los pijaos y de los pueblos indígenas del valle del río Cauca (Davidzen, 2021, 2025), lo cual produjo en aquella época, y con justa causa, una reacción de las comunidades nativas agredidas que se tradujo en décadas de guerra entre los siglos XVI y XVII. El fenómeno va más allá de la retórica de las escuelas historiográficas tradicionales que han pretendido justificar la invasión castellana como parte de una supuesta historia lineal, como si la humanidad debiera recorrer un camino preestablecido desde un mundo “bárbaro o incivilizado” hacia una Europa “civilizada” como se autodenominan. Aquella retórica no era ajena a los intereses de la conquista. Las representaciones de barbarie y las acusaciones de canibalismo sirvieron para justificar guerras de sometimiento y legitimar la esclavización de poblaciones indígenas (Van Deusen, 2023), mientras la búsqueda de oro alimentaba las expediciones hacia los territorios de Tierra Firme y el interior de Suramérica (Castro Roldán, 2024). ¿No resulta revelador que la supuesta empresa civilizadora encontrara en la riqueza de los territorios invadidos uno de sus mayores estímulos?
Este artículo examina las actuaciones violentas atribuidas a Sebastián de Belalcázar y sus huestes durante las campañas que atravesaron los Andes ecuatorianos, el valle del Cauca, Tierradentro y el Alto Magdalena. Por medio de una investigación histórico-documental se contrastaron crónicas, denuncias religiosas, testimonios de participantes e instrucciones judiciales. Desde la fenomenología relacional (Davidzen, 2026), se propone comprender cómo las agresiones contra las personas afectaron también las relaciones territoriales, familiares, productivas y políticas que sostenían la existencia de las comunidades. El análisis reconoce dos dimensiones interrelacionadas: la violencia ejercida directamente sobre los cuerpos indígenas y aquella que comprometió la continuidad de sus sociedades. Asimismo, examina las rivalidades castellanas y la fabricación discursiva del enemigo como circunstancias que acompañaron la expansión colonial.Palabras clave: Sebastián de Belalcázar, Gobernación de Popayán, conquista castellana, violencia colonial, resistencia indígena, fenomenología relacional.
Figura 2. Fundación de ciudades y quema de casas de los pueblos indígenas por parte de las huestes de Sebastián de Belalcázar a su paso por Popayán. Fuente: Creación propia.
Introducción. Los pueblos que quedaron detrás de las ciudades
¿Qué ocurre con la trayectoria profunda de un territorio cuando su memoria queda mutilada, fijando su punto cero en la irrupción del conquistador? ¿Dónde quedan aprisionadas las voces de sus antiguos pobladores, las sementeras pacientemente modeladas a lo largo de generaciones y la red de caminos que articulaba la vida entre sus poblados? La historiografía sobre las fundaciones castellanas edificó una ficción persistente: una representación del pasado en la que comarcas enteras parecían emerger de la nada justo en el instante en que un capitán hincaba su espada en la tierra y redactaba el acta de posesión.
En el centro de esa narrativa se erige Sebastián de Belalcázar —asiduamente registrado como Benalcázar en el repositorio documental del siglo XVI—, conquistador nativo de la villa cordobesa de Belalcázar hacia las postrimerías del siglo XV, curtido en las sangrientas campañas del Perú y artífice de las expediciones hacia los Andes septentrionales. La adscripción de Moyano como su patronímico original continúa sumida en la penumbra del debate. Enrique Otero D’Costa (1922/1934) defendió apasionadamente la variante Benalcázar, mientras un amplio sector historiográfico se decantó por Belalcázar para guardar fidelidad al topónimo peninsular de su cuna.
Aquella villa cordobesa hunde sus raíces etimológicas en el vocablo árabe balât al-qasr, que evoca la «calzada del castillo». Por toponimia originaria y rigor académico en España, la grafía legítima es Belalcázar. Sin embargo, la disimilación fonética propia del castellano del quinientos trocó con frecuencia la consonante líquida en nasal, popularizando la forma Benalcázar en la burocracia colonial y en la tradición historiográfica hispanoamericana. El archivo colonial custodia en sus folios ambas grafías como testigos de esa mutación verbal, alimentando una contienda ortográfica que, en última instancia, en nada altera la impronta devastadora del personaje.
Su trayectoria estuvo vinculada a la ocupación de Quito, al avance sobre el Cauca y al establecimiento de las ciudades de Cali y Popayán. Juan de Ampudia, Pedro de Añasco y Miguel Muñoz aparecen entre los capitanes cuyas actuaciones deben examinarse en relación con las decisiones del conquistador.
Durante siglos, la representación del fundador ocupó un lugar predominante en la memoria regional. Buenahora Durán (2020) cuestionó aquella lectura y recuperó testimonios sobre las consecuencias de las campañas militares. La discusión adquirió nuevas dimensiones cuando los pueblos indígenas del Cauca cuestionaron públicamente los monumentos dedicados al conquistador. Rojas-Sotelo (2022) estudió esas intervenciones como parte de las disputas por la representación del pasado y el derecho de los pueblos originarios a construir sus propias memorias.
La controversia contemporánea invita a volver sobre los acontecimientos. Una estatua puede ser derribada, trasladada o restaurada, pero ninguna de esas decisiones sustituye la investigación de los hechos que representa.
Las fuentes coloniales conservan versiones diferentes de las campañas de Belalcázar. Las relaciones de méritos destacaron los servicios prestados al monarca, las ciudades fundadas y las provincias incorporadas a su jurisdicción. Otros testimonios describieron apropiaciones de alimentos, cautiverios, ejecuciones y ataques contra poblaciones indígenas. ¿Podemos reconstruir aquellas expediciones sin examinar lo que unas fuentes celebraron y otras denunciaron?
Figura 3. Textos de los siglos XVI y XVII que plasmaron los atropellos. Fuente: Creación propia.
Consideraciones metodológicas. Lo que dicen las fuentes y aquello que permiten comprender
La investigación adopta un enfoque cualitativo, histórico-documental e interpretativo. El corpus comprende la Brevísima relación de la destruición de las Indias de Bartolomé de las Casas y su documentación anexa; las crónicas de Pedro Cieza de León y Juan de Castellanos; la colección quiteña preparada por Jorge A. Garcés (1936); la investigación de Jijón y Caamaño (1936); la relación de méritos publicada por Gómez Centurión (1913), y las instrucciones judiciales recopiladas por Juan Friede (1960).
El análisis desarticula con rigor los estratos del testimonio: deslinda el hecho presenciado por el testigo ocular, el rumor traído por terceros, los cargos de una probanza y la elucubración póstuma del historiador. Esta disección quirúrgica impide que el aparato jurídico castellano se erija en dueño y señor de la verdad histórica.
Desde la teoría de la complejidad, la mirada desentrañó las redes que parieron el acontecimiento y los hilos que aquél desgarró. Un asalto que arranca una cosecha no es la simple sustracción violenta de víveres; trastoca el ciclo agrario, vulnera el linaje y quiebra el arraigo de la comunidad en su propio suelo. Las categorías aquí trazadas operan como herramientas de intelección. La agresión física contra los cuerpos y la embestida contra la perpetuación de los pueblos jamás operaron en casillas vacías: un solo zarpazo del conquistador aniquilaba al individuo, fracturaba el tejido del parentesco dinamitando las bases materiales de toda una civilización.
Figura 4. Escena que recrea la práctica de quemar vivos a los nativos que se oponían al evangelio. Fuente: Creación propia.
1. La violencia sobre los cuerpos indígenas
1.1. Quito y El Quinche: los antecedentes de una trayectoria
Antes de despeñar sus tropas sobre la cuenca del río Cauca, Sebastián de Belalcázar dejó trazada en la cordillera ecuatoriana la cartografía de su ferocidad durante la campaña de 1534. En la cacería incansable contra la resistencia de Rumiñahui, el cronista Pedro Cieza de León rescató del silencio el pasaje sangriento de Quioche —asentamiento que la geografía histórica enlaza con El Quinche—. Allí, donde la ausencia de los guerreros hombres dejaba al descubierto un poblado habitado tan solo por mujeres, niños y ancianos, el conquistador no vio la fragilidad del vencido ni la norma del honor caballeresco, sino la oportunidad de adiestrar el terror: la orden fue tajante y la matanza metódica, pasando a cuchillo la vida que no podía defenderse (Cieza de León, 1984; Buenahora Durán, 2020). La noticia fue transmitida por Cieza y no debe presentarse como una observación presencial suya. Pero el episodio constituye un antecedente documental de las agresiones atribuidas al capitán durante sus primeras campañas.
Fray Marcos de Niza dejó otro testimonio sobre los acontecimientos de Quito, incorporado posteriormente por Bartolomé de las Casas. El religioso denunció que Cozopanga, una autoridad indígena que había acudido pacíficamente ante los castellanos, fue quemado junto con otros dirigentes porque no entregó la cantidad de oro exigida (Niza, como se cita en Las Casas, 1822).
¿Qué significado podía tener aquella exigencia para una comunidad cuya autoridad y cuyos recursos no procedían del consentimiento de los invasores? La relación entre el oro solicitado y el castigo impuesto permite comprender que la violencia intervenía allí donde las poblaciones indígenas no satisfacían las demandas de la expedición.
Los testimonios quiteños conservan discrepancias y deben ser examinados en sus circunstancias de producción. No obstante, sus denuncias adquieren especial interés cuando se comparan con acontecimientos posteriores en los territorios de Cali y Popayán.
Figura 5. La imagen recrea el uso de perros (mastines) por parte de castellanos que mataban nativos. Fuente: Creación propia.
1.2. El aperreamiento: los perros al servicio del castigo
El empleo de perros de presa (mastines) aparece entre las prácticas denunciadas durante la conquista. No se trataba exclusivamente de animales utilizados para acompañar a los soldados o enfrentar combatientes. Los testimonios mencionan su utilización contra personas cautivas y como amenaza para obtener información.
En Tulilicuy, según una relación incorporada por Las Casas, el cacique recibió pacíficamente a Belalcázar y comenzó a entregar el oro solicitado. El capitán habría dispuesto que los indígenas recibieran una cédula que acreditaba aquella entrega. Quienes no pudieran mostrarla quedaban expuestos al castigo mediante perros. Algunos habitantes huyeron hacia los montes, mientras otros entregaron sus bienes para evitarlo (Las Casas, 1822, carta anexa, apartados 23-24).
La cédula cumplía una función reveladora. Aparentemente era una constancia escrita, pero en las circunstancias descritas servía para identificar a quienes habían satisfecho la exigencia y a quienes podían ser castigados. El documento adquiría eficacia mediante una amenaza corporal.
Años después, las instrucciones para el juicio de residencia de Belalcázar ordenaban investigar si Miguel Muñoz, teniente del gobernador, había soltado un perro contra un cacique de la provincia de Cartago porque este se negó a revelar de dónde obtenían el oro los habitantes. Según la acusación, el animal terminó matándolo (Friede, 1960, p. 221).
El episodio plantea una pregunta sobre el conocimiento territorial. ¿Por qué debía una autoridad indígena entregar a los castellanos información sobre los recursos de su comunidad? Su negativa aparece relacionada con una agresión que pretendía convertir aquel conocimiento en un instrumento disponible para los conquistadores.
Figura 6. Captura de nativos, y encadenamiento colectivo conocido como collera. (Fuente: Diseño propio).
1.3. Las mutilaciones y los castigos corporales
Las denuncias atribuidas a Marcos de Niza describen mutilaciones y otras agresiones físicas durante las campañas ecuatorianas. El castigo corporal formaba parte de un repertorio de prácticas que podían acompañar la captura de personas y las represalias militares.
Conviene evitar, sin embargo, una generalización frecuente. Las mutilaciones denunciadas en distintos territorios americanos no pueden atribuirse automáticamente a Belalcázar. La investigación debe diferenciar la actuación de cada capitán, el lugar de los acontecimientos y la fuente que transmite la información.
Los testimonios sobre el transporte forzado de indígenas permiten reconocer otra forma de violencia contra el cuerpo. La relación conservada por Las Casas describe personas sujetas con cadenas y sogas durante los desplazamientos de las expediciones. También denuncia que quienes desfallecían podían ser ejecutados para evitar que la marcha se interrumpiera.
El cuerpo del cautivo quedaba entonces sometido a las necesidades de una empresa que exigía continuar avanzando. Su agotamiento no necesariamente suspendía el recorrido. La persona podía ser abandonada, sustituida o sometida a nuevas agresiones.
En aquellas circunstancias, la violencia no terminaba cuando cesaba el combate. Continuaba durante las jornadas de transporte, en los lugares de descanso y en las exigencias impuestas a quienes habían perdido la posibilidad de decidir sobre sus desplazamientos.
1.4. El empalamiento y la muerte como escarmiento
La instrucción judicial de 1549 incluyó una acusación especialmente grave contra Luis Bernal: haber empalado a siete u ocho indígenas (Friede, 1960, p. 222).
El documento no proporciona detalles suficientes para establecer la identidad de las víctimas ni permite atribuir directamente a Belalcázar la orden de aquellas ejecuciones. Su importancia radica en que registra una práctica denunciada contra personas vinculadas con las campañas de sometimiento en la gobernación.
El empalamiento producía una muerte acompañada de sufrimiento prolongado. Su dimensión pública podía afectar también a quienes mantenían vínculos con las víctimas, aunque no conocemos las circunstancias particulares del episodio atribuido a Bernal.
¿Qué pretendían comunicar semejantes castigos a las comunidades? Es posible considerar su capacidad de intimidación, pero debemos distinguir esa interpretación de una intención expresamente reconocida por los ejecutores.
La documentación ofrece así indicios para investigar cómo algunas represalias desbordaban el enfrentamiento militar y alcanzaban a personas capturadas.
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