¡BASTA YA!
Arrierías 91
Mario Ramírez Monard
Todo crimen, violación, tortura, secuestro y violación de derechos fundamentales que se haga contra los niños de cualquier parte del mundo, es considerado como un crimen de lesa humanidad.
Todos los días, si hacemos un análisis de la situación especial en Colombia, las noticias sobre la violencia contra menores de edad son la comidilla de toda una sociedad atacada por guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y otras yerbas del pantano, en medio de desplazamientos, hambre, pobreza y humillación. En toda esa población sangrante, pobre y perseguida, se encuentran los seres más vulnerables de nuestra sociedad, las mujeres y los niños.
Hace pocos días en un informe de importante medio de comunicación se dio a conocer toda una banda de traficantes de niños que operaban en la costa norte colombiana. Fueron descubiertos dada la infiltración de agentes secretos norteamericanos y en los videos se muestra como negociaban niños desde los 11 años, pagados en dólares y con destino a manos criminales de pedófilos y violadores. Las pruebas eran evidentes y los criminales fueron detenidos. Sin embargo, y por “vencimiento de términos” fueron liberados por jueces de la República. La incapacidad de la fiscalía, la aquiescencia voluntaria u obligada de incapaces jueces pusieron en libertad a los traficantes ante la mirada absorta y el asombro de la ciudadanía. Los abogados “defensores” utilizando la controvertida norma del debido proceso y la negligencia o incapacidad del aparato judicial, logran “victorias” jurídicas en contravía de la ética y el reclamo de padres y familias que han sufrido en sus hijas o hijos el execrable crimen.
Otro reconocido violador en el departamento del Valle, criminal que tenía un proceso en curso por violación de menor de edad, secuestró, violó y asesinó a otra pequeña enterrándola en un frondoso cañaduzal mientras la ciudadanía y sus padres, en medio de lágrimas y desespero, las buscaban por todos los lugares aledaños. ¿Cómo es que este sádico andaba libre? ¿No hay una responsabilidad directa por acción u omisión de nuestra justicia en manos de incapaces, corruptos o simples “doctores” graduados no sabemos cómo?
El artículo 44 de nuestro Ordenamiento jurídico reza en su parte final:” los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, ¿entonces? ¿El poder judicial y las autoridades colombianas están preparadas para cumplir este mandato? Las dudas al respecto ya entran a hacer parte del pensamiento colombiano cuando la ley protege más a los bandidos que a las víctimas. Es muy triste ver, por ejemplo, como delincuentes que tienen poder en el Estado, llámense congresistas, jueces, mandatarios del poder ejecutivo, funcionarios y los famosos contratistas, roban el erario y cuando son juzgados y encontrados culpables, pagan sus “penas” en clubes de oficiales de las fuerzas armadas cuando deberían estar pagando sus delitos en las cárceles donde están los otros bandidos y criminales.
Definitivamente, nuestro mal llamado Estado Social de Derecho exige un cambio urgente en la estructura general del Estado so pena de llegar a un límite de donde ya no tengamos retorno. ¡BASTA YA!, con el abuso y asesinato de mujeres y niños de Colombia.
