LA VINDICTA

A través de la historia, Colombia, nuestro país, ha sido uno de los Estados más convulsionados y flagelados en el mundo por la violencia de todo género. Aún desde antes de la llegada del imperio español a domeñar nativos, naturaleza y poder absoluto, los enfrentamientos territoriales de las comunidades indígenas, de sur a norte del continente, han llenado páginas y páginas de sangre, violencia, retaliaciones y odios.

Después de la sangrienta confrontación por la independencia, el siglo 19 se caracterizó por las guerras civiles y la lucha por el poder y el dominio territorial de quienes habían sobresalido como “próceres” de esa independencia. La segunda mitad de ese mismo siglo fue un verdadero horror y, entonces, miles y miles de campesinos huyendo del conflicto y sobrecogidos por el hambre, buscaron nuevos sitios de asentamiento en la rica y extensa geografía nacional, Esa fue una de las razones del proceso de colonización antioqueña desde esa región, hacia los cuatro costados de la geografía nacional. En la guerra política de mitad del siglo 20, la situación fue catastrófica, pues además de los asesinatos colectivos y la presión para que campesinos medianos y pobres abandonaran sus fincas, surgió otro de los componentes apocalípticos: la vindicta de los afectados por esa guerra, un genocidio contra gente del campo y se formaron grupos organizados de bandoleros que bajo banderas partidistas tanto liberales como conservadores obligaron al abandono del campo mientras avorazados terratenientes compraban a precio de ganga sus tierras. Otro gran grupo inició la conformación de grandes focos guerrilleros que continuaron la escalada de violencia contra los más pobres, contra los pequeños propietarios de tierras, contra el Estado y sus instituciones legales. Otros lograron defenderse a través del contrato con asesinos a sueldos que denominaron o llamaron paramilitares.

Los cuatro jinetes del apocalipsis la guerra, el hambre, la peste y la muerte recorrían los bellos campos colombianos cumpliendo su misión de destrozar al país, a la gente humilde, a políticos honestos, tanto liberales como conservadores y a quienes se atrevieran a pensar o a oponerse a sus diabólicas pretensiones.

La situación hoy no es muy distinta. En 1991 se aprobó un nuevo ordenamiento jurídico con pretensiones sociales de avanzada, casi que una copia de las Constituciones europeas. “Colombia es un Estado Social de Derecho”, reza su preámbulo y luego de treinta años no ha alcanzado sus fines humanísticos que hablan de la DIGNIDAD del ser humano como el centro sobre el cual debiéramos girar. ¿Por qué? Es el grito que sale de adoloridas gargantas de millones de colombianos honestos y trabajadores.

La corrupción aupada por políticos deshonestos, la inmensa burocracia de ese Leviatán que como bestia bíblica devora presupuestos y facilita que los ladrones del erario público campeen en toda la esfera de los poderes públicos atentando contra los mismos principios de nuestra Carta Superior.

El pueblo colombiano está cansado, con miedo. La ética privada y pública casi que ha desaparecido. He ahí la razón de la gran necesidad que tenemos de repensar el Estado, así como ya se ha planteado en la edición anterior de Arrierías sobre repensar el campo colombiano. Podemos lograr ese cambio a través de establecer paradigmas éticos desde el hogar, la educación y desde la misma sociedad. A eso, con urgencia, debemos apuntarle.

Codirector

Mario Ramírez Monard

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