COLOMBIA VIOLENTA

La situación no puede ser más trágica, triste, horrorosa luego de observar y escuchar, a través de los medios de comunicación y los testimonios de miles de personas, comentarios e historias sobre la polarización política que ha llevado a nuestro país al borde de una crisis humanitaria por las protestas sobre las pasadas elecciones regionales.

Las diversas asonadas a lo largo y ancho de Colombia como protesta de votantes manipulados por casas políticas o aspirantes locales y regionales, han llegado hasta el extremo del asesinato de civiles o funcionarios de la registraduría nacional, quema de archivos o urnas con votos, peleas a cuchillo, a golpes o con armas, declaraciones incitando a la violencia ante la desidia, falta de control o miedo del ejecutivo, la policía y/o las fuerzas armadas legalmente establecidas por nuestro Ordenamiento Jurídico.

Se ha abusado del derecho a la información, a la opinión, a la elección consciente de candidatos o aspirantes a poderes locales y regionales. Acusaciones de compra de votos, dinero en abundancia para compra de conciencias, constreñimiento, amenazas de pérdidas de empleos públicos, en fin, actores políticos que utilizan, no la dialéctica democrática correcta para alcanzar un fin sino la invocación al odio al otro, al contrincante. Para estos determinadores de la violencia, intocables para las autoridades en muchos de los casos, lo importante no son los medios sino las maneras de lograrlo. Recordamos así a Nicolás Maquiavelo con su postulado de El fin justifica los medios.

Las autoridades dejan entrever su impotencia para controlar esa avalancha de odio hacia el contrario quedando así en los colombianos una sensación de debilidad o incapacidad por parte del ejecutivo, las autoridades. No se necesita de la violencia para entrar a solucionar el problema. La Constitución tiene las herramientas precisas de control, pero parece que no hayan leído la norma o no tienen interés en la solución del estado de beligerancia delictiva de muchos sujetos a quienes no podríamos otorgar el beneficio de llamarlos ciudadanos porque, quienes actúan con violencia, no lo son. Para el código penal, son delincuentes por acción, omisión o determinación.

Hemos perdido el norte, si de democracia hablamos. En el caso específico de nuestro país el irrespeto por la autoridad es frecuente: guardas de tránsito atacados, policías que tratan de poner orden a una turba o a una persona que haya violado una norma, heridos, maltratados agredidos de palabra y obra; militares ejerciendo el mandato constitucional de protección de vida, bienes y honra de ciudadanos, atacados en forma inmisericorde, en fin, tenemos una bella Constitución, muy moderna pero que no se aplica. Hoy, más que nunca, recuerdo a mi profesor de derecho Constitucional en la universidad Carlos III de Madrid, Gregorio Peces Barba: “Colombia es una democratura”, aseguraba.

El capítulo 6 de la Constitucióncolombiana que habla de los Estados de Excepción, contiene artículos que tienen que ver con la situación actual de violencia en nuestro país. Tácitamente, el artículo 213 dice que “en caso de grave perturbación de orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad de Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros podrá declarar el estado de conmoción interior…”.

Los artículos 214 y 215 del mismo capítulo 6 complementan el 213. Preguntamos: si hay las herramientas jurídicas para conjurar esa violencia, ¿por qué no las aplica el Estado en cabeza del Ejecutivo con la aprobación del Legislativo, como lo ordena nuestro marco constitucional?

En esta situación caótica, de violencia constante, la responsabilidad es de todos: gobierno, políticos y personas que se dejan lavar la mente para agredir y obtener, por medio de la violencia, el poder. Todo aquel, dirigente, autoridad gubernativa o población que haga de la violencia un arma política, por ley, debe ser vetado de la participación ciudadana y en aquellos municipios de Colombia donde se hayan presentado casos de violencia en elecciones, el Estado debe nombrar, transitoriamente, a integrantes probos de las fuerzas armadas para que reemplacen alcaldes o gobernadores donde impere el desorden incontrolable. Es hora de tomar decisiones con base en nuestra Constitución, mientras las tormentosas aguas se aquietan.

MARIO RAMÍREZ MONARD

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