Juan Diego García

Las recientes elecciones parlamentarias en Colombia han vuelto a registrar una abstención de más del 50% del censo electoral, un fenómeno apenas destacado por la prensa local y poco trabajado por la ciencia social del país. Esta abstención ya es una característica del sistema político colombiano y se viene registrando desde los años 50 del pasado siglo y aunque apenas hay estudios al respecto todo indicaría que tiene sus raíces en la naturaleza primitiva de un sistema electoral que permite todo tipo de maniobras para compra de votos y garantías de fraudes masivos que favorecen a los llamados “caciques” políticos de los partidos tradicionales; un sistema político que funciona en medio de una atmósfera de violencia endémica sobre todo en algunas regiones y se extiende cada día más en un  país con un enorme desprestigio de las instituciones (en particular de las parlamentarias y de justicia) y  que provoca naturalmente el masivo desinterés por la participación política. A ello agréguese la enorme manipulación que practican unos medios masivos de información que antes que fomentar una conciencia ciudadana moderna y democrática juegan más bien el rol de agitadores sectarios y propagadores de mentiras y bulos para favorecer a la derecha. A todo ello añádase el escaso o nulo control democrático de las diversas instancias que deben garantizar la validez de los procesos electorales. Más que un juego democrático en este país se registra desde siempre un relevo generacional de las elites dominantes. No sorprende entonces que un elevado porcentaje de presidentes, parlamentarios y políticos en general resultan ser hijos, nietos o directos familiares de expresidentes, exparlamentarios y políticos destacados del pasado, cuando no con vínculos directos con reconocidos delincuentes de la corrupción, el narcotráfico o el paramilitarismo, ni tampoco la enorme marca social y racista que se puede comprobar con echar una ligera ojeada a quienes consiguen los cargos de representación: un porcentaje muy elevado resultan ser “blancos” (al menos lo que aquí se entiende por “blancos”) y personajes provenientes de estos que grupos que controlan lo fundamental de la riqueza nacional.

Que una mujer negra de origen humilde (Francia Márquez) haya obtenido una votación mayor que varios de los líderes políticos tradicionales ha resultado casi escandaloso para no pocos en este país racista y excluyente. Tampoco lo es que un político ajeno a las élites tradicionales, de apellido Petro, haya obtenido la mayor votación de todos los candidatos y se perfile como posible ganador en las elecciones presidenciales en mayo próximo, si algún incidente tan propio de la democrática Colombia no lo impide: fraude masivo en el recuento de votos dando ventaja al candidato del sistema, violencias de todo tipo para intimidar y sofocar la muy probable protesta general de los sectores populares, campañas de desinformación y manipulación masiva (un arma que ya descubrieren en su día los nazis alemanes y que hoy alcanza dimensiones terroríficas), uso torticero de la actual legislación para sabotear una elección indeseable para la elite, sin descartar alguna forma de golpe de Estado, tal como ya lo ha solicitado el jefe de la derecha más dura, el expresidente Uribe Vélez, o un magnicidio, que tampoco es ajeno a la tradición de este país andino.

Hay sin embargo otros aspectos que introducen cambios en el escenario político de este país. No solo es el resultado electoral, muy positivo para las fuerzas políticas y sociales que impulsan la candidatura de Petro sino algunas variaciones que se registran y no dejan de tener relevancia aunque no cambien lo esencial del panorama, ya que las fuerzas de la derecha (política y social) continúan siendo mayoría en las instituciones del Estado y conservan intactos los mecanismos del poder real (también en el nuevo parlamento). En efecto, se puede observar la aparición de nuevas fuerzas en la derecha moderada con partidos distintos a los tradicionales pero que comparten con éstos el apoyo al modelo neoliberal vigente, la naturaleza del orden social y el tipo de relaciones internacionales del país, aunque con ciertos matices que bien pueden posibilitar alianzas puntuales con las fuerzas del cambio cuando la correlación de fuerzas lo aconseje en un ejercicio de realismo político (con todos los riesgos que esto conlleva). Pero al mismo tiempo se mantiene la presencia de políticos cuyo soporte social  (y sobre todo económico) muestra claros vínculos con las actividades ilegales (ayer, el contrabando tradicional sobre todo en el Caribe; ahora, el narcotráfico que está lejos de desaparecer) o resultan ser directa expresión de las formas criminales del paramilitarismo. Todos ellos están lejos de ser fenómenos aislados o de menor dimensión pues de hecho tienen una base social muy concreta que tendrá que ser gestionada por un posible nuevo gobierno de la izquierda, por moderado que resulte.

Pese a todo no son pocas las posibilidades que tiene el candidato Petro inclusive de ganar la presidencia en la primera vuelta. Todo depende de cómo se desarrolle la campaña electoral en las semanas que restan hasta mayo. El Pacto Histórico (su plataforma electoral) tendría que ampliarse a otras fuerzas políticas y sociales cuyos programas pueden ser compatibles con algunas de las propuestas del Pacto Histórico. No debe descartarse tampoco que la izquierda busque acercamientos sobre todo regionales con las bases sociales de algunos partidos tradicionales (sobre del partido liberal) que tienen simpatías progresistas, sobre todo si la dirección de su partido decide finalmente apoyar a Gutiérrez, candidato de la extrema derecha (por lo visto, la gran burguesía ha decidido retirar a Uribe Vélez, al menos de la primera línea, dado su enorme desprestigio y su muy reducido apoyo electoral registrado en las recientes elecciones). Los diálogos, abiertos o discretos según sea del caso, con los grandes núcleos del poder económico del país y con las potencias  occidentales seguramente no pasarán de ser inevitables contactos que de producirse tan solo indicarían que la gran burguesía, nacional e internacional, asume como un hecho la muy posible elección presidencial de un candidato de izquierda.

Si Petro gana seguramente no podrá hacer reformas de gran alcance dada la actual correlación de fuerzas; le sucederá más o menos como a Boric, en Chile. Sin embargo, si el proceso se gestiona con prudencia y habilidad, esas reformas por pequeñas que sean pueden abrir aquí también las alamedas por las que se avance a una democracia efectiva y se abra un horizonte esperanzador para cambios mayores, tal como propuso Allende cuando resistía en el Palacio de gobierno al bombardeo de los militares golpistas. Esperemos que en Colombia no haya un Pinochet y que Biden no tenga otro Henry Kissinger que haga el trabajo sucio. Una gestión adecuada del proceso puede ofrecer alternativas a la izquierda colombiana para conseguir objetivos importantes. Los obstáculos no son pequeños pero tampoco resultan imposibles se superar.

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