Colombia es un país difícil, no sólo por la pena moral de enfrentarse a muertes, desplazamientos, escándalos de corrupción o sistemas débiles de salud y educación, sino también por la naturalización que estos vejámenes han alcanzado en la sociedad. Esto, entre otras cosas, porque somos un país dominado por los eufemismos, víctimas de vericuetos discursivos; al asesinato extrajudicial de más de tres mil jóvenes les llamamos falsos positivos, y a las masacres hoy quieren que las nombremos “homicidios colectivos”.
El lenguaje nos construye, dar nombre a sucesos dolorosos es un acto político con el que, en algunas ocasiones, basta para devolver la dignidad ultrajada. Por eso se hace importante detallar en distinciones: un falso positivo, en un buen número de ramas del conocimiento (informática, estadística, medicina), es un error involuntario que arroja resultados distintos; difiere mucho de lo sucedido en Colombia donde las muertes de inocentes fueron consecuencia de un proyecto sistemático: engañar personas que consideraron que cuya existencia no valía, expropiarlas de sus vidas, sus casas, sus familiares y su buen nombre. Ejecuciones extrajudiciales es a todas luces el término que más se ajusta a esa canallada, sin embargo ha habido y hay una resistencia a reconocerlo.
Al parecer, y a través de los mismos móviles, hoy quieren hacer lo mismo con las masacres al llamarlas homicidios colectivos, término incluido en el Libro Blanco de las Cifras del Sector Seguridad y Defensa, un documento creado por el Ministerio de Defensa. Es decir, la semántica del gobierno pretende acreditarse en un derrotero que el mismo gobierno se inventó. Tiene muy poco sentido, o bien tiene un sentido muy acomodado y gazmoño, más si consideramos que ante el mismo significado organizaciones internacionales como la ONU se refiere puntualmente como masacres.
En el documento creado por el gobierno colombiano los homicidios colectivos son: “(…) aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro (4) o más personas en estado de indefensión en el mismo lugar, a la misma hora y por los mismos autores; no se contabilizan aquellos casos en donde las personas pertenecían a los grupos subversivos, bandas criminales, delincuencia organizada y común o si eran parte de la Fuerza Pública.”
La ONU, por su parte, para definir masacre se ajusta a la acepción general: muerte en indefensión de tres personas o más por parte de un actor armado.
Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que el Estado colombiano dota a la Violencia de estatus, casi como si insinuara: “esto no es para tanto, esto no es tan malo como para llamarlo así, entonces llamémoslo asa”, dejando en evidencia la crisis social, además de la falta de políticas con empatía.
Suavizar la dimensión de lo que es una masacre en el contexto reciente exhibe la indolencia del Estado porque minimiza el crimen y pretende hacer ver pulcro lo que es una degradación del mal estado de las cosas.
El no reconocimiento de los hechos atenta contra la integridad de las víctimas, familiares y amigos de los fallecidos y, en cambio, aliviana la responsabilidad a los perpetradores. El no reconocimiento es un peso añadido a la tragedia de quienes deberían hallar consuelo en las declaraciones de un gobierno que, se supone, los protege.
El tamaño de este flagelo se entiende, por ejemplo, en lo que han tenido que hacer los habitantes de Trujillo, Valle que amparados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos lograron visibilizar la tortura, la desaparición y el asesinato de campesinos, jornaleros, amas de casa, ebanistas, recolectores de café.
Sufrieron una masacre, La Masacre de Trujillo: es un nombre propio.
Para resistir al olvido y a la indiferencia levantaron el Parque Monumento, donde la memoria y el recuerdo se vuelven antídoto a lo arrebatado. Entre las formas de superar el pasado y construir el futuro, curiosamente, también apelaron a la modificación del lenguaje para sanar y es así como osarios son llamados Zonas de siembra, porque para no negarse el duelo, las sepulturas que no tienen al ser querido contienen objetos simbólicos ofrecidos por los familiares en representación de la desaparición forzada.
Como vemos, a la muerte también se le da otro nombre, pero claro, no en función de la hipocresía o la mojigatería, sino todo lo contrario: la condena de los hechos. Renombrar la muerte es entonces un acto necesario, pero que va de motivos a motivos.
