Arrierías 111
Mario Ramírez Monard
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“Apreciado Mario, leí tu columna y ella es el fiel reflejo de nuestra justicia, pero faltó incluir una cifra única en el mundo: somos la única nación que tiene 4 expresidentes de altas cortes condenados por corrupción, cifra que genera vergüenza por tratarse de “juristas” que deberían ser ejemplo de probidad, imparcialidad e integridad en todas sus actuaciones. Para que tengas en cuenta. Un abrazo”.
La anterior nota, recibida en Redacción de Arrierías, fue remitida por un importante abogado, asesor de multinacionales, egresado de una de las universidades más importantes de Colombia en el área del derecho -la Universidad del Rosario-, donde nos da la razón sobre la columna Colombia Caótica II en la cual hacemos un análisis de acercamiento a la crisis que vive nuestra justicia en Colombia. Es necesario precisar que las ideas expuestas en Arrierías en el campo del análisis social, económico o político, no obedecen a criterios partidistas ni de ataques que violenten los derechos fundamentales de las personas, ya fueren ciudadanos del común, funcionarios públicos o dirigentes políticos. Tenemos como objetivo señalar fallas considerables que lesionen una comunidad, la sociedad en general o la institucionalidad que, como Estado de Derecho, tiene Colombia o nuestro Marco Democrático Constitucional para lograr el valor superior en la cual se enmarca: LA DIGNIDAD.
Para quienes nos dedicamos, por profesión u oficio, a investigar sobre el problema de la violencia en Colombia y el mundo, podemos asegurar que nuestra historia ha sido signada por hechos de violencia desde la misma llegada de los españoles en la apropiación arrasadora de nuevas tierras para la corona europea. Son siglos de violencia sobre los cuales se investiga, se plantean o se justifican hipótesis por intereses políticos, de poder o económicos asesinatos, masacres o la violencia contra nativos o por dominio territorial. Han practicado la siniestra tesis, muy maquiavélica por supuesto, de que el fin justifica los medios. He allí la esencia de nuestra gran tragedia.
Ya hemos referido, tangencialmente por problemas de espacio, la Colombia Caótica del ciudadano común, de la justicia y el turno es para la rama legislativa, uno de los pilares sobre los cuales se edifica un verdadero Estado de Derecho, rama del poder público sobre el cual, podemos asegurar, es la base sobre la cual se asienta la corrupción, la violencia y la gran crisis social que hemos vivido desde la época independentista, esto es, desde las primeras décadas del siglo 19.
No vamos a detenernos en hechos puntuales que han marcado nuestra historia política sino en ese poder desde donde parten los grandes males de Colombia, especialmente los que tienen que ver con la violencia. Las grandes guerras civiles de la segunda mitad del siglo 19 en las cuales participaron abiertamente los dos partidos tradicionales unidos a otro gran poder, el clerical como consecuencia de la Liberación de los Bienes de Manos Muertas, la liberación de esclavos, la Constitución de Rionegro. Eso conflictos generaron, por supuesto, la pérdida de Panamá y nuestro canal.
El siglo 20 no escapó a la violencia heredada e impulsada, especialmente, por los partidos políticos: masacre de las bananeras, organización de bandas delincuenciales actuando en favor de uno u otro bando y las violentas discusiones al interior del congreso de la república, el asesinato de Gaitán y la respuesta violenta de bandas de asesinos buscando venganza y asesinando dirigentes o adeptos de partidos distintos a los delincuentes. Las diatribas en el Congreso eran virulentas, descalificadoras, azuzadoras y hasta armadas. En la historia del Congreso de Colombia no puede olvidarse esa etapa negra de violencia verbal y física: “XX y YY dirigen la zambra y los ceniceros y los micrófonos cruzan el espacio junto con los ultrajes denigrantes y las palabras de grueso calibre” …”, otros se trenzan a puñetazo limpio, los pupitres se vuelcan y salen a relucir revólveres que todavía no pedirán la palabra con sus voces de muerte” … Un congresista dice al otro: “lo que pasa es que usted, es hijo natural y yo soy hijo legítimo, reaccione” gritaba un Representante a otro “y la Cámara de Representantes, el sagrado RECINTO DE LA DEMOCRACIA SE CONVIERTE EN UN INSTANTE EN UN PELIGROSO BAR DEL OESTE de los días de fiebre del oro”; otro, saca revolver y se inician los disparos. Un congresista asesinado, Gustavo Jiménez, y tres más heridos gravemente. ZAPATA, Isaza Gilberto. PATRICIOS O ASESINOS. Tipografía Ital Torino, 12 de julio de 1969. Páginas 263-264-265.
Como puede deducirse de la anterior cita bibliográfica, desde uno de los pilares del Estado de Derecho se impulsa la violencia que es recibida con beneplácito o rechazo total por unos u otros. Nos preguntamos: ¿hemos cambiado en algo? Si bien es cierto, el uso de armas se prohibió, aunque hay una excepción posterior cuando un congresista del Valle del Cauca, lustros después, sacó su revolver en una sesión; la violencia continua, es verbal y se atacan derechos fundamentales de los contrarios ante aplausos, risas o pitos de los demás. Un verdadero circo.
En la actualidad tenemos entre representantes y senadores, 385 políticos, muy pocos brillantes, con un séquito de “servidores”, o UTL (unidades de Labor Legislativa) otra extensa burocracia en la que vegetan incondicionales, parientes, contratistas, amantes, fichas como correveidiles, en fin, otras yerbas del pantano que solo sirven para desangrar el presupuesto nacional con un agravante: muy pocos conocen la Constitución Nacional o la han leído tangencialmente. Si una de las exigencias para entrar como senadores o representantes es evaluar sus conocimientos de nuestro Orden Jurídico, la gran mayoría no pasarían el examen.
Concejos municipales, Asambleas departamentales, Cámara y Senado se han convertido en el origen de la corrupción, el contratismo, el dominio del presupuesto público y lo han convertido en fuente extra de ingresos a pesar de los altos honorarios dignos de un jeque o de un alto funcionario del sector privado. Hay cifras elevadas, en la historia de estas instituciones públicas, de elegidos corruptos en cárceles y pruebas de cómo, en algunos casos, exigen a su burocracia entronizada en el presupuesto de las UTL para que aporten de sus sueldos un porcentaje para campañas y fortalecer así la posibilidad de nueva escogencia de sus nombres para elecciones.
Todas estas yerbas del pantano que exprimen el presupuesto nacional, -que pagamos todos los colombianos-, a través de fichas pertenecientes a sus directorios, integran la burocracia que orgullosamente pasea por lujosos laberintos donde planifican la corrupción, contratismo en obras públicas o auxilios que se dan a municipios y departamentos como regalías. Los dineros públicos son el objetivo central de estos depredadores del erario nacional. En síntesis, el tercer elemento que, como lapa pegada al presupuesto nacional, alimenta esa Colombia Caótica, está allí, en este importante pilar de la estructura del Estado de Derecho: El PODER LEGISLATIVO.
POST SCRITUM:
Por inquietud de varios amigos y lectores de Arrierías, en esta edición vamos a hacer una referencia tangencial, sobre un tema directamente relacionado con los Derechos Fundamentales que abrió una discusión académica por parte de un gran sector de profesionales -especialmente del Derecho-, ante la frase publicitada por un dirigente político sobre un principio denominado
DESOBEDIENCIA CIVIL.
Los criterios que aquí planteo no obedecen a disquisiciones teóricas partidistas ni a la ubicación de quien esto escribe en sectores de derecha o izquierda. Lo hago bajo los principios del respeto y sin la más mínima intención de entrar en debates por acuciosos investigadores sobre el derecho y su hermenéutica. No caeré en esa discusión en cuanto que lo que aquí planteo fue revisado por grandes juristas internacionales españoles como Gregorio Peces Barba y Eusebio Fernández en dos ensayos que presenté y fueron debidamente aprobados en mi posgrado de Derechos fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid España.
¿Qué es la Desobediencia Civil?
“Es una acción voluntaria intencional cuyo resultado (la violación de la ley) se supone está vinculado al progreso moral o político de la sociedad”. Citado por RAMÍREZ Monard, Mario en RAZONES PARA DESOBEDECER EL DERECHO, Máster en Derechos Fundamentales, universidad Carlos II de Madrid, Ensayo en 2001.
Entonces, la desobediencia civil es una forma de protesta contra las actuaciones injustas del poder público, ya fuere de quienes son los administradores de la justicia, de quienes legislan o de quienes aplican la justicia.
En un Ordenamiento Jurídico (léase Constitución Política), el concepto de soberanía avala el derecho a la resistencia y a la desobediencia del derecho cuando el poder, cedido transitoriamente, se ha convertido en tiránico e injusto. Aquí surge la primera pregunta: ¿en el caso específico citado al comienzo, al autor de la frase se le han vulnerado los derechos fundamentales o es Colombia un país injusto y tiránico?
Para que se pueda legitimar el derecho de resistencia o desobediencia civil en un Estado de Derecho, se debe partir de los valores éticos de justicia, libertad, igualdad y, sobre todo, el concepto de dignidad. (en próxima entrega analizaremos con más profundidad este concepto DIGNIDAD que es básico en el planteamiento que estamos desarrollando ahora).
Para terminar esta primera parte, podemos decir que cuando hay violación civil de normas legales inmorales, se aplica la desobediencia civil o tiene validez su aplicación. La Objeción de Conciencia, Derecho de Resistencia Individual, Derecho de Resistencia Colectiva y Desobediencia civil, son términos que hay en varios Estados modernos y en Colombia, podemos demostrarlo, hacen parte del Bloque de Constitucionalidad. En edición Arrierías de Agosto, ampliaremos esta conceptualización. Muchas gracias.
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