Cuando se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre la insurgencia armada y el gobierno colombiano el balance no puede ser más negativo y las esperanzas de alcanzar la paz parecen más lejanas que nunca. De hecho, todo parece indicar que corresponderá al nuevo gobierno que surja de las próximas elecciones (2022) retomar el Acuerdo y llevarlo a buen término, siempre y cuando por supuesto no gane esos comicios la extrema derecha (Uribe Vélez) y se consiga comprometer en este propósito a una parte decisiva de la clase dominante y a importantes sectores de la opinión pública que ven con desdén y displicencia cómo el Acuerdo no solo se incumple totalmente sino que cada día que pasa se confirma la estrategia gubernamental de “hacer trizas” lo pactado en La Habana.

En un proceso electoral ya en marcha resulta entonces conveniente conocer las propuestas de la izquierda (Petro) y del denominado centro (¿Gaviria?) para retomar el Acuerdo y hacerlo realidad. Desde esta perspectiva el centro y la izquierda tendrían que formular las estrategias que permitan superar los actuales obstáculos pues no basta con la voluntad política de hacerlo por importante que ello sea.

El primer obstáculo serio es precisamente que en la práctica ese Acuerdo no es un compromiso de Estado y cada gobierno lo asume a conveniencia, tal como se puede registrar con la actual administración del derechista Duque. Para dar satisfacción a este requisito es indispensable entonces que la clase dominante, el poder efectivo detrás del gobierno, acuerde llevar a cabo las reformas acordadas. Esto significa aceptar reformas importantes en la utilización de la tierra y los recursos naturales (agua, minerales, bosques, etc.) con cambios nada desdeñables en el actual modelo económico neoliberal; significa igualmente aceptar la reforma del sistema político y de participación ciudadana para democratizar y modernizar el actual, caracterizado por su primitivismo e imposición violenta de la voluntad de minorías sobre la inmensa mayoría de la población. Cumplir con lo pactado en La Habana supone también resolver el problema del narcotráfico mediante alguna fórmula de legalización del consumo (como se ha hecho en otros países) y encontrar formas alternativas de utilización de los psicotrópicos. No menos importante es dar un nuevo impulso a la Comisión de la Verdad, uno de los pocos puntos que ha avanzado a pesar de todas las limitaciones impuestas, un escenario que cumple con la necesaria labor de catarsis colectiva, tan necesaria luego de más de medio siglo de violencia.

Lo evidente es que estos puntos (los más destacados del Acuerdo) afectan de lleno a sectores claves del poder económico del país: grandes terratenientes y ganaderos, empresas transnacionales de la minería y la agroindustria, banqueros y empresarios de diversos sectores que facilitan el fluido del dinero ilegal (un porcentaje nada desdeñable  de las divisas del país proviene precisamente del narcotráfico y es posible que al menos medio millón de personas tenga un vínculo directo o indirecto con estas actividades). Un nuevo gobierno de progreso y paz que se proponga hacer real el Acuerdo tiene que conseguir que se produzca en el seno de la clase dominante un pacto básico para impulsar los cambios. Si esto no es factible solo queda que un gobierno nuevo, con fuerte respaldo social, esté en condiciones de imponer las reformas, entre otros motivos porque ninguno de los puntos del Acuerdo de Paz afecta la naturaleza burguesa del orden social; ninguno de ellos se puede calificar de socialista o nada similar. En realidad, se trata tan solo de modernizar y sobre todo de democratizar las condiciones básicas del orden social del país.

Imponer las reformas a las fuerzas sociales y políticas que hasta ahora han conseguido que el Acuerdo de Paz sea todavía más una ilusión que una realidad requiere entonces alcanzar una legitimidad suficiente que nace del apoyo social mayoritario y convertirlo de hecho en un compromiso de Estado (formalmente ya lo sería, aunque tan solo en el papel). Pero nada de esto tiene visos de realidad si no cuenta con el respaldo decisivo de los cuarteles, con los cuales el nuevo gobierno del progreso habría de negociar unos cambios radicales en su conformación y funcionamiento,pues sin ellos militares y policías seguirían siendo uno de los factores claves para que las medidas gubernamentales no puedan hacerse realidad.

Pactar las reformas posibles con el conjunto de la gran burguesía criolla sería el camino menos dramático aunque suponga por supuesto recortes importantes en el alcance que tengan las reformas (en la reforma agraria, por ejemplo). Imponer los cambios en lugar de negociarlos  supone escenarios más complejos pues aunque esa clase dominantepierda el gobierno, mantendrá intacto el control de los principales resortes de la economía, la propiedad de los medios masivos de comunicación  (y manipulación) y otros factores que conforman el poder real, sin olvidar que esa burguesía criolla tendrá siempre el respaldo de las potencias metropolitanas del capitalismo de forma directa o a través de las llamadas “instituciones internacionales” que son en el fondo instrumentos claves de las políticas imperialistas (OMC, BM, FMI, y similares).

A juzgar por la experiencia de estos años pasados que arrojan un balance tan negativo para el Acuerdo de Paz, una parte decisiva del devenir de una política de reformas en el país debe empezar entonces no solo por la derrota política de la extrema derecha sino sobre todo por su desarme, haciendo bueno el principio según el cual solo el Estado tiene el monopolio de las armas. El paramilitarismo, como el brazo armado de la extrema derecha, tiene que ser desmantelado y en esa tarea resulta indispensable el compromiso cierto de militares y policías. No es tarea fácil pero tampoco es imposible. Conseguir la paz con los grupos de izquierda que aún están alzados en armas será bastante fácil si se inicia el proceso de cumplir con lo pactado en La Habana. Todos ellos han manifestado su disposición a abandonar la lucha armada si se consiguen reformas como las pactadas con las FARC-EP. Es muy dudoso que los cuarteles no dispongan de suficiente información sobre el paramilitarismo de forma que les resulte posible avanzar en su desmantelamiento. Desarmada la extrema derecha será mucho más fácil avanzar en la superación social y política de estas corrientes violentas, aunque para ello sea necesario un esfuerzo educativo y pedagógico que probablemente requiera de una o dos generaciones.

Quienes aspiren a conseguir el gobierno en Colombia en 2022, superando la actual coyuntura, seguramente han de impulsar muchos más cambios que los propuestos en el Acuerdo de Paz, pero sin duda que éstos tienen ya un enorme valor y abrirían el camino a procesos de transformación de mayor impacto para hacer de este país andino una nación moderna y democrática que supere la pesadilla de la guerra permanente en la que ha vivido prácticamente desde consiguió su independencia de España.

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