El escrito para Arrierías 77 enviado por el profesor Rogelio Zapata Rodríguez, como propuesta muy valedera para iniciar una verdadera transformación del campo colombiano, me ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de repensar, no sólo el sector agrícola de nuestro país, sino la urgente prioridad de iniciar un proceso democrático de participación colectiva para corregir todo lo que no ha funcionado dentro de la estructura de nuestro Ordenamiento Jurídico.
Colombia es un caos, un Estado que, como lo hemos planteado en estas columnas, no es una verdadera democracia sino una democratura, definición que escuche de uno de los más importantes juristas españoles, Gregorio Peces Barba. Este criterio, no válido para unos, exagerado para otros, pero real para quienes analizamos la situación de violencia, impunidad, corrupción y falta de estructura de los mismos partidos políticos que pululan en el ámbito nacional -más de 30, según analistas políticos- nos lleva a aceptarlo como real, valedero. Una burocracia exagerada que se traga todo el presupuesto nacional a través de contratistas, fallos de jueces que prevarican y congresistas no aptos para lograr los fines esenciales de la propuesta Colombia como Estado Social de Derecho.
Es un título rimbombante para una Constitución, copia de avanzados Estados europeos. Con 380 artículos que han ido cambiando en el tormentoso vaivén de la política colombiana cuyos representantes, desobedeciendo, muchas veces, el querer de sus votantes, prevarican, adecúan, cambian, borran o agregan dependiendo de cómo les vaya en el ámbito personal. Esa misma práctica la ejecutan las demás ramas del poder público. Ninguna de las tendencias de centro, izquierda o derecha piensan que el criterio “Colombia es un Estado Social de derecho” es un mandato de obligatorio cumplimiento. Es más, pienso que muy pocos conocen, han leído o saben interpretar el significado de lo que es lo social en ese marco legal aprobado en la Constitución del 91. La manipulación de los verdaderos dueños de los partidos políticos que imperan en este desordenado país en el ámbito constitucional, es evidente.
¿Hablar de idearium en esa fragmentación que llaman matices? Imposible. Los mandamases politiqueros van cambiando de izquierda a derecha o al centro y viceversa sin que se sonrojen, ante la incredulidad se sus votantes a quienes lavan constantemente sus cerebros y estos últimos venden su conciencia al mejor postor, por una dádiva, un puesto, un contrato o demás. Una verdadera vergüenza.
Uno de los cambios necesarios, básicos o fundamentales tiene que ver con la urgente reducción en número de los mal llamados honorables congresistas que actúan vergonzantemente tanto en el senado como en la cámara de representantes. Más de 300 burócratas de la rama legislativa que tienen prerrogativas económicas que son un abuso en un país donde más de 5 millones de personas se acuestan con hambre y esos burócratas reciben de nuestros impuestos escoltas con sus respectivas armas de dotación, carros blindados de última generación, teléfonos, comidas, boletos de avión y sueldos que sobrepasan los 42 millones de pesos mientras que médicos, profesores universitarios y otros brillantes académicos o profesionales apenas alcanzan la tercera parte de sueldo de los que los “honorables” reciben. Otra vergüenza nacional.
Pero ahí no para el abuso. Cada representante o senador tiene derecho a tener hasta 10 asesores con sueldos que llegan a 15 millones. Los llaman Unidades de Labor Legislativa (UTL) y los convocados como “asesores” son amigos desempleados, amantes, conseguidores de votos y otras yerbas del pantano, con algunas excepciones, por supuesto. A estos se suman oficinistas, secretarios y otros asesores de mesas directivas, en fin, una arrolladora máquina burocrática pagada por los escasos recursos de nuestro presupuesto nacional. De hecho, no sesionan todo el año y cuando quieren vetar una ley por no conveniente para sus intereses, simplemente se salen de las sesiones o se quedan en sus feudos políticos pero siguen reclamando puntualmente sus riquísimas mesadas.
Otro de los grandes problemas que debemos analizar para cambiar, es lo referente a las Asambleas y las gobernaciones. Cuando a un sátrapa político regional le da por crear una jurisdicción administrativa departamental, la organiza con la ayuda de los otros sátrapas del Congreso. En Colombia no deben existir más de siete u ocho departamentos unidos como región. Así salen de la nómina mucho gobernador y todas las famosas Asamblea, otro nido burocrático inservible.
Debemos repensar el país y esta propuesta inicial, con otros puntos importantes que iremos desarrollando en próximas ediciones de Arrierías, serán temas obligados para impedir que ese leviatán bíblico, ese monstruo burocrático creado por los políticos, siga desangrando económicamente a nuestra Colombia. (CONTINUARÁ)
POST SCRIPTUM: “En Colombia existen tres tipos de impunidad: social, jurídica y política”, comentario muy acertado de un inminente jurista colombiano, asesor de multinacionales y conocedor, como pocos, de la realidad del país, el abogado Rosarino Mariano Ospina Galindo. Este tema lo desarrollaremos en próxima edición.
