Arrierías 83.

Por: Mario Ramírez Monard.

La situación no podría ser más patética, absurda e increíble. Una comunidad indígena, armada con objetos contundentes y machetes, atacando a un grupo de soldados bien armados y, sin embargo, retrocediendo ante la arremetida feroz de esa comunidad al sur de Colombia, en la conflictiva zona del Cauca, sur de nuestro país.

Esa imagen televisiva ya se había repetido años atrás, mismo sector, cuando comunidades indígenas desarmaron a otro grupo de soldados quienes se hallaban acantonadas para luchar contra grupos armados disidentes y contra un sector que defendía, a ultranza, la inmensa zona cocalera allí sembrada.  

La ola diversa de todo tipo de violencia viene generando miedo en el ciudadano: asaltos armados a restaurantes; motos con parrillero que se ubican en sitios estratégicos para intimidar, asaltar y robar a transeúntes inermes. Muchos de esos delincuentes han sido detenidos por las autoridades o por la misma comunidad y, sin embargo, en pocas semanas los detenidos en flagrancia están nuevamente en las calles haciendo de las suyas amparados en formalismos legales de los cuales hacen uso frecuente abogados, fiscales y jueces que han hecho del debido proceso la forma eficaz de evadir la posibilidad de un juicio justo para que los delincuentes paguen por sus delitos.

 Es frecuente leer noticias a través de los medios de difusión de la forma burlesca en que delincuentes de cuello blanco, egresados de grandes y costosas universidades asaltan el erario haciendo de la corrupción un medio de vida que los ha enriquecido a costa de los impuestos que pagamos los colombianos. Delitos comprobados, los jueces, venales unos y contando otros con la aceptación de argucias jurídicas de todo tipo, establecen que el sujeto delincuente de alta alcurnia no es un peligro para la sociedad y les otorgan como beneficio casa por cárcel o pagan su condena en lujosos clubes de establecimientos oficiales, generalmente en manos de las fuerzas armadas del Estado.

¿Cómo podemos los colombianos creer que Colombia es un Estado Social de derecho cuando otros delincuentes vestidos de contratistas, muchos de ellos representando a poderosos políticos de los más de 30 partidos reconocidos en nuestro país, se roban el dinero destinado a la alimentación de los niños en colegios y escuelas oficiales del país o retrasan la contratación de transporte con argucias politiqueras como acontece actualmente en Caicedonia?

La violencia social es una constante y han aumentado los feminicidios, los alevosos ataque contra los niños, desapariciones, violaciones físicas, violencia intrafamiliar. Causa dolor ver que uno de los pilares del Estado de Derecho, el Imperio de la ley hayacaído tan bajo cuando el mismo aparato judicial tiene a jueces, magistrados, abogados, fiscales y demás integrantes, presos, juzgados o huyendo de la misma justicia por actos de corrupción.

Urge en nuestro país una gran reforma Constitucional que, realmente, nos conduzca a la implementación -dentro de los parámetros de la dignidad y la justicia- hacia un verdadero Estado Social de Derecho. Nuestro actual marco jurídico ha sido violentado por todos aquellos dirigentes que han debido defenderlo y nadie escapa de esta aseveración: ejecutivo, legislativo, aparato judicial y todos los entes de control. La corrupción ha permeado todas las instituciones. Conclusión: Colombia NO es un Estado de Derecho.

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Join the discussion One Comment

  • Orlando Restrepo Jaramillo dice:

    Amigo Mario. Cordial saludo. Excelente edición Arrierías 83.
    En mi caso doblemente beneficiado por lo que quedo muy agradecido. Es una labor por parte de ustedes por el mensaje cultural que están enviando.
    Reitero mi gratitud y aprecio.
    Columnista, abogado Orlando Restrepo Jaramillo.

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