Arrierías 110
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“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Numeral 44 de nuestra Constitución Nacional. Este es uno de los artículos más importantes de nuestro Ordenamiento Jurídico en la Declaración proclamada y con vigencia desde el 4 de julio de 1991, esto es ya casi 35 años; Constitución que ubicó a Colombia en una de las más adelantadas de América y del mundo occidental por sus derechos fundamentales y los mecanismos de protección que conducen a su aplicación inmediata. ¿Esto quiere decir que se cumplen?
La respuesta es contundente: ¡NO! Podríamos detenernos en el análisis de todo el articulado de nuestra objetiva y sobresaliente Declaración de Derechos, pero esto daría para un extenso libro constitucional. Detengámonos, por ahora, en la aplicación de los derechos que competen, especialmente, a los niños colombianos que hacen parte de Tratados Públicos internacionales de los cuales, Colombia, es garante y, por tanto, hacen parte del Bloque de Constitucionalidad.
Las imágenes televisivas no podían ser más alarmantes y criminales. Un grupo de indígenas provenientes del sur del país -una de las zonas más conflictivas en la actualidad en Colombia-, llegan a oficinas públicas en Bogotá, ministerio del Interior, asaltan con palos, garrotes y piedra las instalaciones del edificio y ante la reacción legal de las autoridades alzan a niños, de menos de 10 años y los utilizan como escudos mientras otros jóvenes adolescente actuaban agresivamente contra las autoridades insultando, vociferando y agrediendo a policías y transeúntes. (leer artículo sobre DIH y derechos de los niños en Arrierías 96).
Un segundo elemento de este análisis tiene que ver con las imágenes de adolescentes portando armas y distintivos de los llamados “grupos insurgentes” en preparación para su utilización, con exigencias que tienen los profesionales de nuestras fuerzas armadas y que son -hay pruebas televisivas y fotografías-, quienes van adelante en operativos o asaltos contra el Estado o la población civil en acciones que originan uno de los desplazamientos actuales más grandes de población campesina en el mundo occidental quienes se ven obligados al abandono de sus tierras y sus pocas pertenencias. Miles de familias que en Colombia entran a engrosar la gran masa de desocupados en las grandes ciudades sin un porvenir seguro para el entorno familiar, un verdadero crimen de lesa humanidad.
Reclutamiento Forzado es el título que dan los analistas y los tratados públicos internacionales a esta acción que causa horror, vergüenza y dolor a las personas más humildes nuestro país. En este mismo segmento y análisis caben otros criminales de peor catadura, los mal llamados paramilitares, agrupaciones armadas que combinan todo tipo de crímenes en contra de la sociedad, el Estado, contra Colombia.
Los niños secuestrados y llevados a la utilización de armas en contra de otros seres humanos, no han tenido la oportunidad de ser personitas con sueños, de jugar dando patadas a un balón, de bañarse en el río, pescar y compartir con otros compañeritos de escuela. Las niñas que secuestran, además de prepararlas para asesinar, asaltar y violentar derechos de otros seres humanos, son utilizadas como objetos sexuales, crimen más atroz, más denigrante, más vulneración a sus derechos de elegir, cuando tengan su mayoría de edad, con quien comparten sus vidas, la construcción de una familia donde el amor y el respeto sea lo cotidiano.
Mientras se sigan utilizando los niños para la guerra, mientras se cercenen todos sus derechos a vivir con dignidad, la guerra en Colombia será eterna. Quien siembra odio en los pequeños siembra violencia que, en ellos, crece con el tiempo; es la gasolina para la venganza, la vindicta, esto es, más sufrimiento para nuestro rico y bello país. La guerra, la peste, el hambre y la muerte, esos cuatro jinetes apocalípticos serán la constante en nuestra ensangrentada y triste Colombia y uno de sus orígenes está en estas bandas criminales arriba señaladas.
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