¿JUSTICIA?

El artículo 29 de nuestro Ordenamiento Jurídico establece uno de los principios básicos que debe regir un Estado de Derecho: el Debido Proceso, que, en esencia, indica que nadie podrá será juzgado sino conforme a leyes preexistentes, a través de un juez de la república y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Ese mismo artículo habla de la presunción de inocencia, derecho a la defensa, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las mismas, impugnar sentencias y no ser juzgado dos veces por el mismo delito y termina diciendo que es nula de pleno derecho, LA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO. Esta norma constitucional que impera en la mayor parte de las constituciones democráticas del mundo -por ejemplo, en Europa-, ha sido desarrollada a través de normas establecidas en los códigos, especialmente el penal.

Una constitución política como la que rige nuestro país no puede aplicarse en estados totalitarios, fundamentalistas o regímenes de facto, reconociendo que la constitución española tiene casi que los mismos delineamientos y principios de la publicada en la Gaceta Constitucional No 127 en 10 de octubre de 1991. Es una Constitución moderna que recoge todos los tratados públicos internacionales de los cuales nuestro país es garante, ordenamiento jurídico que hace énfasis en la aplicación de los derechos fundamentales con todos sus mecanismos de protección. Aquí surgen una serie de inquietudes del porqué, con ese Ordenamiento Jurídico, nuestro país es tan desordenado, violento, injusto y muy poco equitativo si exigiéramos la aplicación conceptual de los que debe ser un Estado Social de Derecho.

Las ramas del poder público en Colombia están en crisis: un legislativo compuesto por 370 individuos con sueldos estrafalarios en medio de la pobreza del país; un ejecutivo que desde hace décadas da bandazos a diestra y siniestra y un poder judicial donde muchos magistrados huyen de la justicia, otros están en la cárcel y muchos prevarican en la más grande impunidad de la cual se tenga historia.

Fiscalías que no investigan o tardan análisis de hechos, jueces que parecen no conocer o interpretar la norma para aplicar justicia, abogados que fallan en su ética privada y limpian sus porquerías jurídicas con los códigos o la constitución violentando la ética pública. El llamado debido proceso lo dilatan hasta que llega el consabido vencimiento de términos, una vulgaridad. Cuando falla la justicia (generalmente para los de ruana, los pobres o quienes no tienen como pagar costosos bufetes) estos van a la cárcel mientras que los dueños del poder o del dinero pagan sus penas en cómodos casinos de oficiales de la policía o de las fuerzas armadas. Una burla a la justicia.

Surge aquí una pregunta clave: en Colombia hay cantidad de universidades con facultades de derecho, entonces, ¿cuáles son las condiciones de ingreso a estos programas?, ¿se gradúan los mejores?, ¿son los políticos colombianos tan honestos para escoger las mejores hojas de vida para el nombramiento de procurador, fiscalía o magistrados? ¿no es una aberración que políticos, como los del congreso de la república, puedan nombrar magistrados?, ¿porqué se llaman magistrados a políticos escogidos por el congreso para integrar el Consejo Nacional Electoral?

Por problemas de espacio no podemos establecer más preguntas e inquietudes que están en la mente de todo el país.  Colombia urge de una reforma grande dentro del mismo Estado bajo la concepción de Estado Social de Derecho. ¿Lo permitirán los casi 38 partidos políticos que están inscritos?

La situación actual permite la corrupción y el asalto permanente al erario pues esa inmensa burocracia, ese leviatán bíblico insertado en Lo público que todo se traga sin importar las consecuencias, ha permeado al Estado a través de la corrupción dominante. Colombia es un caos como Estado de Derecho. Urge un cambio.

MARIO RAMÍREZ MONARD

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