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Mauricio Mora Ladino. Médico cirujano, especialista en psiquiatría.
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La discusión sobre el suicidio asistido ha vuelto a ocupar la agenda pública en Colombia, luego de que una ciudadana con diagnóstico de enfermedad mental lo solicitara. Al no estar reglamentado por el Congreso, accedió a la eutanasia. El tema genera controversia porque implica una legitimación estatal de un fenómeno complejo: la decisión de un individuo de poner fin a su propia vida.
La Organización Mundial de la Salud define este fenómeno como “el acto deliberado de causarse la muerte a uno mismo”. Más allá de las consecuencias emocionales para el entorno cercano, también tiene impacto económico y social, pues en muchos casos ocurre en edades productivas, cuando la persona aún genera riqueza para la sociedad.
La mirada sociológica
El sociólogo francés Émile Durkheim, en su obra El suicidio (1897), planteó que este acto no depende únicamente de factores individuales o psicológicos, sino también de las condiciones sociales. Según él, el grado de integración y regulación que ejerce la sociedad influye directamente en la probabilidad de que ocurra. Durkheim identificó cuatro tipos de suicidio:
● Egoísta: surge por baja integración social. Una persona aislada, sin vínculos familiares o amistades cercanas, pierde el sentido de pertenencia y decide quitarse la vida.
● Altruista: ocurre por exceso de integración. Ejemplo de ello fueron los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial, quienes se inmolaban en nombre del honor y la lealtad al emperador.
● Anómico: se relaciona con la falta de regulación social. Durante la pandemia de COVID-19, algunos empresarios que perdieron su patrimonio experimentaron una profunda desorientación. Un antecedente histórico similar fue la crisis de 1929 en Nueva York, cuando corredores de bolsa se lanzaron desde edificios tras perder sus acciones.
● Fatalista: aparece por exceso de regulación. Una persona encarcelada de por vida en condiciones extremadamente restrictivas, sin esperanza de cambio, puede optar por quitarse la vida.
En conjunto, Durkheim mostró que el suicidio es un hecho social, determinado en parte por la organización y funcionamiento de la sociedad.
La mirada médica
Desde la perspectiva clínica, el suicidio resulta de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Los principales riesgos son los trastornos mentales, entre ellos depresión mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia, consumo de sustancias y trastornos de personalidad. El antecedente de intento suicida es el predictor individual más importante de un futuro suicidio, lo que obliga a superar el prejuicio de que un intento de baja letalidad es “solo para llamar la atención”.
Otros factores incluyen:
● Biológicos: alteraciones en neurotransmisores como la serotonina, predisposición genética y cambios en circuitos cerebrales.
● Enfermedades físicas: dolor crónico, cáncer, enfermedades neurológicas y terminales.
● Consumo de sustancias: alcohol y drogas que incrementan la impulsividad y agravan los trastornos mentales.
● Psicológicos: desesperanza, baja autoestima, dismorfofobia, ideas fijas de culpa.
● Sociales: pérdidas afectivas, violencia, desempleo, aislamiento, problemas económicos y acceso a medios letales.
Cifras y prevención
Históricamente, el suicidio se considera prevenible y tratable. Sin embargo, las cifras siguen siendo alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2021 se registraron unas 717.000 muertes por suicidio en el mundo, con una tasa global de 9 por cada 100.000 habitantes. En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 2.970 casos en 2024, lo que equivale a una tasa de 5,6 por cada 100.000 habitantes.
Conclusión
El suicidio asistido, más allá de cifras y clasificaciones, nos enfrenta a la pregunta esencial sobre el valor de la vida y el papel de la sociedad en acompañar el sufrimiento. El debate no se agota en la medicina ni en la sociología: interpela a la ética colectiva y a la capacidad de construir respuestas humanas frente al dolor.
El suicidio no es un destino inevitable. La prevención exige responsabilidad compartida: del Estado, que debe garantizar acceso a la salud mental y programas de apoyo; de las instituciones, que deben educar y sensibilizar; y de cada individuo, que puede tender una mano en la crisis. Hablar del tema con responsabilidad, escuchar sin juzgar y construir redes de amor, empatía y solidaridad son pasos urgentes para salvar vidas.

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