En el marco de los acontecimientos de extrema violencia que azotan a Colombia y de los cuales las masivas protestas ciudadanas  contra la brutalidad policial son apenas una nota más en la evidente descomposición que afecta al país, se produce desde el mismo seno del sistema la propuesta de terminar con el predominio de la extrema derecha representada por Uribe Vélez y emprender reformas indispensables que modernicen y sobre todo que democraticen el país, uno de los más desiguales del mundo en distribución de la riqueza y destacado por el uso indiscriminado de la violencia extrema para contener la protesta ciudadana.

La voz más importante de este tipo de propuestas reformadoras viene precisamente del expresidente Santos, el mismo que firmó los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, al cual parece que se unen ahora algunas fuerzas de izquierda moderada, la antigua guerrilla ahora en la legalidad y sectores descontentos de los partidos tradicionales. Podría pensarse que este regreso de Santos tiene la finalidad de inaugurar un nuevo período en la historia del país superando el pasado de violencia, atraso y pobreza que lo caracteriza. Puede también interpretarse como una inteligente jugada de sectores de la clase dominante que conscientes de los riesgos inmensos de mantener el actual statu quo y ante la evidencia de la necesidad de cambios se adelantan a los acontecimientos para impedir que la izquierda, aprovechando el creciente descontento social, gane las próximas elecciones y emprenda reformas que vayan mucho más allá de lo que sería deseable para sus intereses.

 Las voces críticas desde el mismo Establecimiento y quienes desde la izquierda coinciden con ellas estarían entonces denunciando lo enormemente inconveniente que resulta mantener ese modelo de derecha extrema que representa Uribe y la necesidad urgente de buscar alternativas que eviten una explosión social y satisfacer las reiteradas demandas de los sectores populares. Cabe suponer igualmente que los sectores burgueses que apuestan por el cambio argumentarían frente a los suyos que de no encabezar el proyecto reformador podría producirse un liderazgo de la izquierda con muchas posibilidades de encauzar ese descontento y vencer en las elecciones presidenciales de 2022.

La clase dominante tiene que dar su respaldo a esta alternativa reformista; o al menos debe hacerlo una fracción mayoritaria y decisiva de la misma. En buena medida eso dependerá del programa de reformas que se acuerde y del alcance de las concesiones que se hagan. Sin entrar en mayores detalles pues apenas se ha hecho mención a reformas concretas, la presencia del partido FARC al lado del expresidente Santos permite supone que en el programa de gobierno que se proponga estará incluido el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en La Habana. ¿Qué perspectiva tiene la aplicación de este acuerdo?

Avanzar, por ejemplo en una reforma rural  supondrá afectar al latifundio y a la gran propiedad rural y generar entre otras, condiciones óptimas para conseguir el fin de los grupos guerrilleros que aún actúan; ¿para qué entonces la “ayuda” de militares y mercenarios extranjeros? ¿Qué opinará la Embajada gringa al respecto cuando se le exija por innecesario el desmantelamiento de sus bases en el país? Reformar el sistema político implica golpear a la llamada “clase política” tradicional que aprovecha todas las ventajas que le otorga la naturaleza primitiva de ese sistema, excluyente, corrupto y violento (empezando por una abstención permanente de más del  50% del censo electoral por más de medio siglo). Su oposición no será pequeña y solo un gobierno con suficiente margen de acción podría hacer real esta reforma que supone de hecho ingresar en la modernidad. Terminar la llamada “guerra contra las drogas” mediante alguna forma de legalización, como se ha hecho por ejemplo en Uruguay, Suiza o Suecia, hace por completo innecesaria la presencia de la DEA ¿Qué dirá la Embajada de marras?

Estas tres reformas acordadas con las FARC-EP por el propio Santos son solo una parte de las medidas que democraticen y sobre todo que modernicen el orden social en Colombia; son medidas que no atentan en absoluto contra el sistema capitalista sino contra sus formas actuales, tan extrañas al llamado Estado de Derecho. No es por azar que la extrema derecha (y en no mucha menor medida otras grupos de la derecha no adscrita al uribismo) han visto siempre con muy malos ojos cualquier atisbo de reforma así sea moderada. Pero los acontecimientos que muestran el profundo desgaste prácticamente de todas las instituciones del país indicarían a las mentes más claras del Establecimiento que una reforma es indispensable y que es mejor encabezarla para evitar que el proceso se salga de su control.

Las actuales propuestas de la extrema derecha, de un sabor de fascismo criollo evidente, tan solo agravarían las cosas, sin que se deba descartar una intervención militar mucho más directa que la actual para “asegurar el orden” tal como pide Uribe desde su cómoda prisión.

La izquierda que se ha pronunciado en favor de la propuesta del expresidente Santos y sus aliados tendría que evaluar la situación y proceder como aconseja el adagio chino según el cual “hay que arar con los bueyes que se tenga”. En efecto, si la correlación de fuerzas que pueda generarse hace posible acordar con los reformadores burgueses y sus aliados medidas que satisfagan las demandas populares debería participar activamente en ella y jugar un rol decisivo. Si por el contrario, el balance la lleva a la conclusión de que aún no hay suficientes condiciones de consciencia política y de organización como para imponer en esa alianza una dinámica de suficiente impulso, no le quedará  a la izquierda otra alternativa que apoyar a Santos buscando avanzar todo lo que sea posible y evitar el triunfo de la extrema derecha.

Si el resto de la izquierda rechaza el  llamado de Santos y sus aliados y decide avanzar sin estos reformadores pues concluye que las fuerzas propias resultan ya suficientes o pueden llegar a serlo para imponer su propio programa ganando las elecciones de 2022, tendrían que impulsar en solitario su estrategia, tal como se hizo en las pasadas elecciones. ¿Llevaría eso a los reformistas a optar por la derecha extrema para evitar un triunfo popular tal como sucedió en 2018 frente al movimiento izquierdista de Petro?

Además de todos los elementos necesarios para enjuiciar las perspectivas del proyecto reformista no es prudente olvidar un elemento central que preside todo el debate: el papel de las fuerzas armadas. Apenas se menciona, pero resulta obvio que sin el apoyo de los cuarteles, terminar por ejemplo con el paramilitarismo (arma indispensable para el dominio de la extrema derecha) es poco menos que una ilusión. Cómo negociar con esa fuerza decisiva resulta uno de los retos mayores del proceso político en Colombia para quienes buscan alcanzar un orden moderno y sobre todo civilizado.

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